Vía libre a los decretos para abrir universidades y acreditar docentes

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes dos decretos universitarios del Ministerio de Educación. Afectan a la creación de nuevas universidades y a la acreditación de profesores. Su aprobación coincide con el visto bueno del gabinete de Rajoy para la marcha de la número dos del ministerio, Montserrat Gomendio, que se incorporará en los próximos días a un nuevo puesto  de directora general adjunta de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El ministerio no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la previsible salida del ministro de Educación, José Ignacio Wert, jefe y actual pareja de Gomendio. Rajoy sopesaba antes de las elecciones enviarlo a París como embajador de España ante la OCDE. Tras la debacle electoral, el presidente baraja ahora una remodelación del Gobierno para antes del verano en la que incluye el relevo de Wert.

El proyecto con los requisitos para abrir nuevas universidades, que el Ministerio de Educación comenzó a elaborar en 2013, elimina parte de los requisitos recogidos en la normativa actual elaborada en 1991. El último borrador del decreto enviado al Consejo de Estado (Educación no ha facilitado el documento aprobado por el Consejo de Ministros) elimina la necesidad de que las universidades cubran todas las ramas del conocimiento o que atiendan a la demanda relacionada con la población escolar de la zona.

Los críticos (sindicatos y oposición) consideran que este cambio favorece a los centros privados. El número de universidades estatales permanece inamovible desde 1997. Hay 50. En el mismo periodo, los privados han proliferado de 12 a 32 centros.

Durante la tramitación del decreto se ha incluido parte de las demandas que hicieron las comunidades autónomas, que reclamaron al ministerio el pasado julio que incluyeran medidas en el decreto para poner coto a las universidades en línea.

Les preocupa que los centros se crean con una sede inicial en una región —las autonomías son las que aprueban en última instancia la apertura de nuevos centros— pero pueden operar y captar alumnos en el resto del país. Educación ha atendido en parte a sus peticiones, al menos en el último borrador hecho público. Si un centro no presencial abre oficinas en una comunidad autónoma distinta de la de su sede inicial “requerirá la autorización de la Administración educativa competente en que tenga lugar la actuación presencial”.

En los centros presenciales se exigirá una ratio mínima de un profesor por cada 25 alumnos. En el caso de los centros online, aumenta las exigencias y establece una horquilla de un profesor por cada 50 ó 100 alumnos [en las primeras versiones era uno por cada 100], “en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad”.

El decreto de acreditación de profesores permitirá que la experiencia profesional sume puntos para ser docente universitario si faltan otros méritos. Los sindicatos critican que supondrá una evaluación más cualitativa (y, por tanto, subjetiva) que cuantitativa. En la última protesta contra el conocido como decreto 3+2 (que permite a las universidades acortar la duración de la carreras universitarias y previsiblemente aumentar la de los másteres) estudiantes y centrales incluyeron los nuevos decretos entre sus motivos de protesta. Consideran que juntos conforman una reforma universitaria aprobada “sin negociación y por la puerta de atrás”.