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El chico dijo que agredió a la adolescente “porque todos lo hacían”

Los padres del menor habían reconocido al centro que no eran capaces de controlarlo

El PAÍS ha tenido acceso al protocolo de acoso que abrió su instituto

caso de acoso escolar en Madrid
Alumnas en el instituto Ciudad de Jaén, el lunes.

El supuesto agresor de Arancha, la niña que se suicidó el pasado viernes en Madrid, la golpeó, insultó, extorsionó y rompió sus cosas en presencia de muchos testigos. Así consta en el procedimiento que abrió el instituto Ciudad de Jaén, al que EL PAÍS ha tenido acceso.

La Consejería de Educación mantiene que, salvo un rifirrafe el jueves, día antes del suicidio, desconocía las agresiones. Los profesores insisten en que la inspectora, a la que dicen que se informó por teléfono, hojeó el escrito pero no se lo llevó. El director ha sido suspendido por “no elevar a la autoridad” el caso. CC OO reclama que “la consejería se investigue a sí misma, en vez de cargar contra los profesores”.

Él contó a su pandilla que la agredía por “venganza”, según el informe. Fueron amigos y ahora coincidían en clase de refuerzo. Tras la Semana Santa, las amenazas siguieron. “Voy a ser malo contigo”, aterrorizaba a la víctima. Muchos de los alumnos conocían lo que estaba pasando. Y cuando se notificó a la clase el fallecimiento de Arancha “por un accidente”, los chicos comenzaron a repetir en alto el nombre de él.

Ella acudió a su tutora para informarle de unos mensajes amenazadores. “No reconoce el teléfono, pero sospecha de un compañero y de otra chica de fuera”, se redactó en el informe. Su tutora comentó el caso a la orientadora y a la jefa de estudios, y estas le recomendaron que hablara con ambas familias, que fueron citadas el mismo día, 27 de abril, a horas distintas. Se les comunicó que se iba a iniciar “el protocolo de acoso escolar”.

Los 50 euros

El padre del chico preguntó si su hijo le había devuelto a la muchacha los 50 euros “que le pidió”. En uno de los mensajes, él amenazó con pegarle si no se los daba. Eso sorprendió a todos, porque Arancha había negado que se los hubiera dado, según el documento. La familia de ella asegura que hacía los recados a una persona mayor para conseguir el dinero.

El 27 de abril, el centro recomendó a la madre de Arancha poner una denuncia y así se hizo. El instituto citó también al supuesto agresor y a su familia. “Cuando se le pregunta por qué la insulta, él se justifica diciendo que todo el mundo lo hace”, recoge el escrito. Les advirtieron de que la policía estaba investigando y los padres, que aceptaron la expulsión del chico, manifestaron que “la situación de sus hijos se les ha ido de las manos”.

CCOO pide que se depuren responsabilidades

EFE

CCOO registró ayer una carta a la consejera de Educación, Lucía Figar, solicitándole iniciar de inmediato una investigación exhaustiva sobre "las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir las autoridades educativas" en relación al suicidio de una alumna el pasado viernes por presunto acoso escolar.

El sindicato considera que "se ha generado una gran alarma social y se ha transmitido a la opinión pública, mediante las noticias difundidas principalmente desde esa Administración, la idea de que el profesorado y el director es culpable de algo por una mala práctica".

De ahí que el sindicato pida investigar "en profundidad y depurar las responsabilidades que les puedan corresponder no sólo a ellos, sino también a otros órganos o personal de la Consejería", continúa el escrito firmado por la secretaria regional de Enseñanza del sindicato, Isabel Galvín.

Según CCOO, existen "varios testimonios de personas pertenecientes a distintos ámbitos que afirman que el equipo docente siguió desde el primer momento el 'Protocolo para la corrección y sanción de las situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid", de la Subdirección General de Inspección Educativa.

CCOO cuestiona que "se focalice en el profesorado del centro y en el equipo directivo la responsabilidad por haber seguido un protocolo de actuación elaborado por la propia Consejería", y que además consiste en "unas orientaciones sin fuerza jurídica vinculante".

CCOO ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los docentes para "restaurar su dignidad profesional vulnerada y reparar el ataque a su derecho fundamental al honor y a la propia imagen, que ha sido dañada, con infracción del principio de presunción de inocencia".

Así, en base al derecho de defensa del profesorado y equipo directivo, del artículo 24 de la Constitución, CCOO solicita "rectificar las informaciones difundidas desde la Consejería"; garantizar la seguridad de la comunidad educativa, así como "la integridad física y moral de cada uno de sus miembros".

Finalmente, pide "constituir urgentemente una comisión" en la que intervengan todos los agentes sociales -profesorado, AMPA, sindicatos, psicólogos, orientadores- además de "agentes de la Guardia Civil del Grupo de Delitos Telemáticos", para revisar y actualizar el protocolo y hacer un seguimiento permanente de este.

 

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