De la Mata insiste en juzgar en España el asesinato de Carmelo Soria en Chile

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no está dispuesto a que el caso del asesinato del diplomático español Carmelo Soria a manos de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1976 quede impune. El magistrado sostiene que en el país andino “no ha existido en ningún momento ni todavía existe una investigación diligente y eficaz sobre lo ocurrido”, por lo que debe ser España quien realice las pesquisas en virtud del principio de justicia universal, la capacidad de los jueces españoles de investigar delitos cometidos fuera de sus fronteras.

El caso de Carmelo Soria, abierto en 1997, es uno de las causas que penden de un hilo tras la reforma operada por el Partido Popular para limitar el alcance de la justicia universal. De la Mata, sucesor del juez Pablo Ruz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha remitido al Tribunal Supremo una “exposición razonada” en la que explica los motivos que, en su opinión, justifican que España mantenga la competencia sobre este asunto. La continuidad del caso dependerá en última instancia del alto tribunal español.

En su escrito, de 32 páginas, De la Mata recuerda que “el Poder Judicial de Chile ha sobreseído y archivado esta causa al menos en cuatro ocasiones a lo largo de 39 años”. También subraya que las autoridades judiciales chilenas “desconocieron desde 1999 y durante más de 14 años las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” que le instaban a reabrir la causa, lo que no sucedió hasta 2010.

Una vez reabierto el sumario —al menos formalmente— se produjo “una ligera actividad investigadora en los primeros meses”, recuerda De la Mata. Sin embargo, la instrucción “prácticamente se detuvo durante más de un año (…) poco después de que la Corte Suprema de Justicia denegara la extradición de los presuntos responsables, precisamente invocando la razón de que se estaba siguiendo un proceso en Chile”.

El juez pone de relieve también que en los dos años que lleva instruyéndose la causa en el país suramericano “no se ha recibido declaración a implicados evidentes” y se han denegado diligencias de investigación “esenciales”, acordándose solo trámites accesorios.

Tras analizar todo el recorrido procesal del caso Carmelo Soria tanto en Chile como en España, De la Mata aclara que su apreciación sobre esta causa no es una enmienda a la totalidad del sistema judicial chileno. “Es evidente que la Administración de Justicia de Chile no está en situación de colapso total o sustancial y mucho menos carece de ella”, afirma. El magistrado de la Audiencia Nacional alaba el “importante proceso de reforma legislativa sustantiva, procesal, y orgánica” de ese país tras la dictadura de Pinochet y señala que sus planes de “modernización estratégica, organizacional y tecnológica” son “una referencia muy positiva y un buen ejemplo del que aprender”.

El 30 de octubre de 2012, el juez Pablo Ruz procesó por genocidio y asesinato a siete agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, que el 14 de julio de 1976 secuestraron, torturaron y dieron muerte a Carmelo Soria Espinoza, que trabajaba en Chile como diplomático para Naciones Unidas en el CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Además, dictó órdenes internacionales de detención para su ingreso en prisión de todos ellos. Ruz entendía que puede existir un delito de genocidio porque el asesinato de Soria fue perpetrado dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar" emprendido por Pinochet, ante el que uno de los ahora acusados respondía y daba cuenta personalmente de sus actos.