La fiscal pide cárcel para políticos de Melilla por “compra de votos”

La fiscalía solicita 231 años de prisión y 272 de inhabilitación para 30 miembros del PSOE y Coalición por Melilla (CPM) por una supuesta “compra de votos” en 2008. Entre los acusados están quienes eran los máximos responsables en aquellas fechas —el socialista Dionisio Muñoz y Mustafa Aberchán de CPM— para cada uno de los cuales la la fiscalía pide 27 años de cárcel por la presunta comisión de varios delitos. También figura el actual líder del PSOE melillense, Gregorio Escobar, quien solo dimitirá si el juez abre juicio oral.

La fiscal Isabel Martín López considera que el exsecretario del PSOE de Melilla, Dionisio Muñoz, y el actual presidente de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchán, como presuntos autores de un delito electoral continuado, delito de falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y delito de asociación ilícita.

Para Gregorio Escobar, exdelegado del Gobierno en Melilla y hoy portavoz del PSOE en la Asamblea de Melilla, la fiscalía solicita 9 años de cárcel y 20 de inhabilitación por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y prevaricación.

En la misma línea de delitos se encuentran el director provincial de Correos, Juan José Redondo, el que fuera director provincial del INEM, Joaquín Arana, la hija y la esposa de Mustafa Aberchán, la que fuera directora del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, Rabea Aomar, y varios dirigentes de la ejecutiva de ambos partidos. Hasta treinta personas, que habrían formado parte de una supuesta trama del voto por correo.

Los hechos se remontan a las elecciones del 2008, año en el que el PSOE y CPM acudieron en coalición a las elecciones generales. Tras una denuncia presentada por el Partido Popular se incoaron en el juzgado diligencias previas para el descubrimiento e investigación de un supuesto delito electoral, ampliado posteriormente contra la Administración pública.

La denuncia surge a partir de que se conoce la remisión en masa a cientos de ciudadanos de unas cartas falsas relacionadas con el Servicio Público de Empleo y la inminente puesta en marcha de los planes de empleo.

Según un auto judicial, la investigación puso de manifiesto “indiciariamente” la existencia de un entramado formado por diversas personas que pretendían la obtención ilegítima de votos a favor de la coalición del PSOE y CPM. La solicitud del voto se hacía presuntamente “mediante dádivas, promesas o remuneraciones directas, consistentes en la promesa de un puesto de trabajo en los planes de empleo dependientes de la Delegación del Gobierno”. Por lo tanto, estas personas deberían apoyar con sus votos la candidatura del PSOE para asegurar que los resultados electorales permitieran contar con un delegado del Gobierno de esa formación que controlaría más tarde la selección de admitidos para dichos trabajos.

El auto desvela que la emisión de cartas falsas pretendía confirmar las promesas realizadas con anterioridad, “con objeto de otorgar preferencia a las personas que votaron a dicha coalición o a quienes prestaron servicio para la misma”.