Los militares condenados podrán ser ‘degradados’

Los militares que sean condenados a más de seis meses de prisión por un delito doloso podrán ser degradados; es decir, se les podrá imponer, como pena accesoria, la revocación del ascenso que hubieran obtenido desde la comisión de los hechos hasta la fecha de la sentencia firme. Así figura en una enmienda al Código Penal Militar, actualmente en tramitación en el Congreso, pactada entre el PP y el PSOE. Esta modificación es consecuencia del escándalo provocado por el ascenso a coronel de Isidro José de Lezcano-Mújica, condenado por acoso sexual a la comandante Zaida Cantera.

El PP ha aceptado una enmienda socialista que permite a los tribunales suspendender la ejecución de las penas privativas de libertad, lo que hasta ahora no se aplicaba a la jurisdicción castrense y obligaba a ingresarar en prisión por corta que fuese la condena; y otra que crea la pena de "localización permanente de dos meses y un día a seis meses", que se aplicará a aquellos delitos castigados en el Código Penal Común con trabajos en beneficio de la comunidad. Se suprime, además, la posibilidad de que los civiles acusados de traición o revelación de secretos sean juzgados por tribunales militares en caso de conflicto armado.

Los tribunales podrán suspender la ejecución de las penas de cárcel

En virtud de este pacto, el PSOE ha asumido la profunda reforma de la jurisdicción militar propuesta por el PP y que supondrá, entre otras novedades, que los miembros de los tribunales militares y los jueces togados sean nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no por el ministro de Defensa como hasta ahora. Eso sí, lo hará "previo informe motiovado de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central".  Además, por vez primera, los autos y sentencias de la justicia militar serán públicos, al igual que las resoluciones de la justicia ordinaria.

El acuerdo incluye la creación de una nueva falta disciplinaria consistente en pertenecer o colaborar con organizaciones que persigan "fines manifiestamente ilegales que vulneren las reglas esenciales del comportamiento militar", en alusión a bandas latinas o grupos ultras. 

El pacto no afecta, sin embargo, a uno de los puntos más conflictivos del nuevo Código Penal Militar: su aplicación a la Guardia Civil. Según el portavoz socialista, Diego López Garrido, su grupo no apoyará el proyecto de ley si se resuelve esta discrepancia.