La nueva normalidad

Ayer, cuando apenas había comenzado en Telemadrid el debate de los cinco candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, este periódico abrió su edición digital con esta noticia: “Una empresa del Gobierno de Aguirre pagó cinco millones en asesores y lobbies”.

La información daba cuenta de que el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre pagó en 2011 a través de la sociedad Madrid Network más de 600.000 euros al exbufete de Cristóbal Montoro, Equipo Económico, y casi 350.000 a una compañía de Manuel Lamela, ex consejero de Transportes de la Comunidad durante el mandato de Aguirre.

Por supuesto, la noticia no aterrizó en el debate de Telemadrid. Pero es la representación simbólica de la nueva normalidad.

A saber: mientras se desarrolla la campaña electoral del 24-M las noticias judiciales sobre corrupción y las informaciones periodísticas en las que la corrupción es protagonista se han convertido en rutina cotidiana. Desde los pagos de la Comunidad de Madrid de Aguirre hasta Alfonso Rus y el pozo sin fondo valenciano, pasando por el Porsche con la senyera de Jordi Pujol Ferrusola.

Problema: el mercado de noticias de la corrupción ha crecido a tal punto que una historia se come a otra. Una noticia sobre corrupción vive a costa de otra. Es la economía parasitaria de la corrupción.

Esta observación viene a cuento de la campaña electoral. Porque la invasión de estas noticias crea una rutina. Y esta rutina termina por anestesiar a su destinatario, el elector. Si los actores políticos no tienen capacidad para asimilar este aluvión, mucho menos la tienen los ciudadanos.

Aparte de presentar esta realidad, ¿hay alguna solución?. La única posible consiste en poner en marcha medidas judiciales de emergencia acordes con la magnitud del problema de la corrupción. Y estas medidas pasan por dotar de más medios a quienes investigan y juzgan.

Ello supondría duplicar el número de juzgados de la Audiencia Nacional, de los seis actuales a doce, y crear juzgados anticorrupción en todas las Comunidades Autónomas, amén de incrementar la capacidad de la Fiscalía Anticorrupción en todo el territorio.