IU recupera la tasa a los bancos por los cajeros en la calle

Izquierda Unida ha recuperado en su programa para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 24 de mayo la propuesta de cobrar una tasa a las entidades bancarias por los cajeros en la calle, un tributo que ya tienen varios municipios españoles, entre ellos Barcelona, y que el Tribunal Supremo avaló en 2009. El programa económico de la coalición de izquierdas apuesta también por establecer impuestos a las gasolineras que sean de autoservicio, así como por llevar a cabo una auditoría de la deuda autonómica, la creación de una banca pública y una propuesta de trabajo remunerado por el Estado para un millón de desempleados. El candidato de IU a la Comunidad de Madrid, Luis García Montero, ha presentado este lunes la concreción del programa marco para la comunidad.

La tasa a los cajeros es una idea que IU ya planteó en las dos últimas elecciones al Ayuntamiento de Madrid y que ahora recupera para los comicios autonómicos del 24-M. IU recuerda que el Tribunal Supremo ya reconoció en 2009 que las entidades financieras se benefician de una utilización especial del espacio público al instalar sus cajeros automáticos en la calle y avaló que los Consistorios cobrasen esta ocupación. La sentencia del Supremo, en respuesta a una reclamación de las entidades por la tasa en Palma de Mallorca, determinó que con los cajeros los bancos realizan “un aprovechamiento especial de la vía pública” como lo hacen una terraza o una zona azul, por ejemplo. El alto tribunal desestimó la queja de las entidades y confirmó que la tasa es acorde a la ley.

En 2013, Barcelona, Badajoz, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Córdoba o Palma de Mallorca ya cobraban la tasa. La capital catalana, con el impuesto municipal más alto: 855 euros anuales pagan los cajeros que están en la fachada del paseo de Gràcia, por ejemplo.

La filosofía que persigue IU con la propuesta de los cajeros y las gasolineras con autoservicio es que las “actividades sustitutorias del empleo” tengan una fiscalidad especial.

La coalición de izquierdas propone también una auditoría ciudadana de la deuda en las comunidades y en los municipios grandes. “Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un mejor control sobre el gasto”, explica el programa económico de IU. El partido de Cayo Lara apuesta además por una banca pública, “a través del mantenimiento de la nacionalización de las entidades intervenidas, la utilización de los derechos de voto y gestión en función del capital y otras ayudas públicas aportados a cada institución y la creación de nuevos bancos públicos”, señala el documento. El objetivo de esta será “facilitar el crédito a empresas y familias para desarrollar una economía real y sostenible creadora de empleo”.

La coalición quiere además un aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, grandes empresas y transacciones financieras. Proponen una reforma fiscal progresiva con un impuesto de grandes fortunas y patrimonios, y que la Iglesia católica así como cualquier otra confesión no tengan “ningún privilegio fiscal en el IBI o en otros impuestos, tasas y precios públicos”.

En materia económica y de empleo, el partido contempla una “Propuesta de trabajo o empleo garantizado (EG)”, según la cual el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) "a cualquier persona que no haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector público tradicional, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, renta o edad". El Estado financiaría los empleos pero los diseñarían y gestionarían los Ayuntamientos en participación con la sociedad civil. Establece tres salarios y tres tipos de remuneración: siete euros por hora para alta cualificación; 6 euros por hora para media cualificación, y 5 euros por hora para baja cualificación. IU presupuesta un desembolso inicial de 15.303.592.000 euros, un 1,5% del PIB, con los que se daría trabajo a un millón de desempleados.