Hacienda descarta cobrar una tasa a los bancos por los cajeros automáticos

"Comparto que hay que gravar a los bancos, pero de verdad. No con una tasa de juguete". El concejal de Hacienda, Juan Bravo, no va a respaldar el cobro a las entidades bancarias por la ocupación del espacio público que se deriva del uso de los 3.061 cajeros automáticos que hay en Madrid. Con esta decisión, la capital se desmarca de otras ciudades o municipios madrileños que sí gravan a las sucursales bancarias por ocupar sus calles.

El Tribunal Supremo reconoció en febrero de 2009 que las entidades financieras se benefician de una utilización especial del espacio público al instalar sus cajeros automáticos en la calle y, por primera vez, avaló que los Consistorios cobrasen esta ocupación. En el Ayuntamiento de Madrid, IU y PSOE han insistido repetidas veces sobre el asunto, hasta que en diciembre del año pasado el pleno acordó crear un grupo de trabajo que analizase si la medida era viable.

"El equipo de gobierno no quiere iniciar juicios con los bancos", dice IU

En las conclusiones del informe, fechado el 30 de junio y en el que han trabajado miembros de la Agencia Tributaria y dos asesores de IU y PSOE, se sostiene que si para determinar la cuantía de la tasa se opta por los métodos utilizados por otros municipios y avalados por la jurisprudencia la recaudación sería "limitada" -hasta 1,2 millones de euros-. Estas fórmulas, que garantizan "una mayor seguridad jurídica en el supuesto de una más que probable impugnación de la tasa", consisten en cobrar a las sucursales basándose en el valor de mercado del suelo utilizado por los usuarios de los cajeros o basarse en el precio por metro cuadrado de los alquileres de los locales comerciales.

Para conseguir una mayor recaudación -de hasta 7,3 millones de euros- el informe señala que habría otros "métodos alternativos" para determinar el importe de la tasa. Estas fórmulas contemplan, por ejemplo, tener en cuenta el beneficio que obtienen las entidades bancarias por la expedición y uso de las tarjetas. Ante la dificultad para alcanzar una cifra ajustada a la realidad este modelo supondría, "un conflicto jurídico con las entidades financieras con unas probabilidades de fracaso muy altas", indica Bravo.

Al riesgo jurídico que el Ayuntamiento no tiene intención de asumir, se suma el coste de aplicación de la tasa que superaría el millón de euros, entre inspecciones, publicidad o programas informáticos. De todas formas, "aunque el coste fuese cero, seguiría sin avalarla", insiste Bravo.

"No están las arcas del Ayuntamiento para renunciar a ningún tipo de ingreso que la ley permite cuando viene además de un sector que, con crisis o sin ella, se lo lleva crudo", opina el portavoz de IU, Daniel Morcillo. Bravo no le quita razón, pero centra su discurso en una reivindicación que comparte con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) desde hace cuatro años: "que el Gobierno modifique la ley para permitir a los Ayuntamientos que suban o bajen la tarifa local del impuesto de actividades económicas (IAE) que se cobra al sector financiero". Si el Ayuntamiento pudiese aplicar este impuesto, "que lleva sin actualizarse desde 1996", supondría, según Bravo, "que las entidades bancarias pasarían de pagar 30 millones de euros a 90".

"Hoy por hoy, estos mecanismos no son viables porque habría que cambiar la Ley de Haciendas Locales. Simplemente el equipo de gobierno no se arriesga a entrar en pleitos judiciales con los bancos aunque no tuvo inconveniente en hacerlo con la tasa de basuras que afecta a todos los vecinos", replica Morcillo.