Comunidad de Madrid, contrapropaganda con fondos públicos

Alejandro de Pedro Llorca tenía don de gentes, buenos contactos y un plan. También manejaba dos pequeñas empresas de Internet plagadas de becarios. No le hizo falta mucho más para ser contratado por algunos de los gigantes del IBEX-35 que pretendían mejorar su reputación en Internet. En su cartera de clientes sobresalían Telefónica, Mediaset, Bankia y hasta el Real Madrid, que le pagó 300.000 euros por un solo año de trabajo, después de que un directivo de banco aconsejase a Florentino Pérez acudir a sus servicios. Pero el plan de De Pedro para levantar un gran grupo tecnológico se quebró a finales del pasado octubre. El empresario fue detenido en una redada contra la corrupción junto a otras 50 personas como uno de los conseguidores de la trama Púnica, un grupo de empresarios que recibió contratos de distintas administraciones públicas por 250 millones. Fue entonces cuando salió a la luz la otra rama de su clientela, la institucional: media docena de ayuntamientos valencianos y madrileños, la Diputación de León y los gobiernos regionales de Madrid y Murcia.

En su caída, el empresario De Pedro, bien relacionado con el PP, arrastró a altos cargos de la Comunidad de Madrid. El consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, fue detenido por ordenar a uno de sus proveedores, la empresa Indra, que abonase facturas falsas a las firmas de De Pedro. Isabel Gallego, responsable primero de la Comunicación del Gobierno de Esperanza Aguirre, y después de su sucesor, Ignacio González, también está imputada tras contratar a las firmas de De Pedro con dinero público a cambio de que este, según el juez, hiciera propaganda del presidente madrileño, Ignacio González y de su consejera de Educación, Lucía Figar.

La pequeña parte del sumario que se ha facilitado a los abogados de los imputados revela que el hombre que se presentaba a los magnates y gobernantes de este país como un mago de Internet tenía un plan rudimentario, muy alejado de los milagros que prometía a su selecta clientela.

La suya era una estrategia de andar por casa. Con una empresa, Madiba, que empleaba a una docena de periodistas recién licenciados, creó medio centenar de diarios en Internet para amplificar las notas de prensa y comunicados que sus clientes les remitían. Una segunda firma, Eico, que contaba con técnicos e ingenieros informáticos, analizaba la imagen en Internet de los políticos que les pagaban. Cuando las noticias venían mal dadas o estallaba algún escándalo que salpicaba a sus clientes, la solución de Eico y Madiba era inundar la Red con propaganda de sus propios diarios para que las informaciones críticas desapareciesen de la parte de arriba de los buscadores.

Preguntadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción —que indagan sobre presuntos delitos de malversación de fondos— sobre qué sentido tenía pagar con dinero público para limpiar la imagen de dirigentes como Fígar o González, dos trabajadoras de De Pedro hablaron alto y claro. Contaron que su cometido era “que no apareciesen resultados negativos de los clientes o que estos figurasen en las páginas dos o tres de Google”. Y que sus mayores “huesos”, durante el tiempo que trabajaron para la Comunidad de Madrid fueron tratar de combatir las noticias sobre el ático de Ignacio González en Estepona y el cheque escolar que el departamento de Fígar concedió a una hija de la propia consejera. “El posicionamiento era subir [en los buscadores] los diarios que trabajaban para la Comunidad, las noticias positivas”, aseguró al juez María José Gutiérrez, una ingeniera contratada por De Pedro.

“Había veces en que si teníamos una noticia negativa, se contaba más neutral en nuestros periódicos digitales, había unos 60, para contrarrestar otros resultados en buscadores”.

Los informes de Eico recabados en los registros por la Guardia Civil se encabezan con las fotos del presidente González y la consejera Fígar. El juez leyó en voz alta el título de los trabajos pagados por la Comunidad: “El presente informe refleja la situación actual de la entidad on line de Lucía Fígar. Se recogen los aspectos más polémicos que han afectado a la consejera, con el objetivo de conseguir una buena reputación on line”.

Cuando testificó en la Audiencia, la trabajadora de Eico alegó en todo momento que su trabajo era para la institución y no para un particular porque tanto González como Fígar representaban al Gobierno: “Evidentemente, se trabajaba la reputación de Fígar, porque era lo que peor estaba”. Y dio nombres de los asesores de comunicación de la Comunidad que les remitían los comunicados para llenar sus diarios.

La tarea de Eico no era nueva. Años antes a esta firma ya la había contratado la Diputación de León para lavar la imagen de la entonces presidenta, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014. “Estaba imputada muchísimo y tenía muchas cosas malas, lo que hacíamos era hablar de la imputación pero no tan negativamente como hacían otros periódicos o publicábamos visitas de la Diputación de León”, aseguró una de sus trabajadoras.

El Gobierno de González y sus altos cargos siempre alegaron que los encargos a las empresas de De Pedro eran para recopilar noticias de prensa, como hacen otras instituciones. Tanto el empresario como sus empleadas, aseguraron al juez que la pasada primavera la Comunidad de Madrid dejó de pagar. Fue entonces, cuando, según los pinchazos telefónicos incorporados al sumario, De Pedro empezó a llamar insistentemente al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, para que saldase sus deudas. Según ha declarado el alto cargo de ICM, Martínez Nicolás, al juez y a la Guardia Civil, la solución que improvisó Victoria fue que una adjudicataria, la tecnológica Indra, abonase las facturas a De Pedro. Según un sms intervenido al empresario, Indra pagó al menos 10.000 euros, algo que los directivos de la compañía han negado tajantemente al juez. Los investigadores sospechan que a Indra se le pidió pagar al menos otros dos encargos similares por 110.000 euros.

Durante los largos interrogatorios, tanto el juez como la fiscal preguntaron repetidamente a los testigos si Madrid estaba pagando con dinero público trabajos para el PP. La duda quedó en el aire. El sumario en la Audiencia Nacional sigue su curso.