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La Eurocámara pide a Bruselas que actúe por el fiasco del Castor

Los eurodiputados exigen investigar si la indemnización a ACS es ayuda de Estado ilegal

Instalación de la plataforma del proyecto Castor, en aguas de Castellón.
Instalación de la plataforma del proyecto Castor, en aguas de Castellón.

El Parlamento Europeo pide responsabilidades políticas por el Castor, el almacén de gas construido frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y cuyo fracaso deberán abonar los consumidores españoles en la factura energética durante los próximos 30 años. El pleno de la Eurocámara ha aprobado este jueves un texto que “insta a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar […] 1.300 millones de euros en compensación por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa”. El requerimiento no tiene consecuencias prácticas, pero sí presiona políticamente al Ejecutivo comunitario para que asuma responsabilidades en un proyecto que contribuyó a financiar.

La iniciativa, cuyo ponente ha sido el diputado verde Ernest Urtasun, ha recibido 350 votos a favor (todos los socialdemócratas, los verdes, la izquierda minoritaria y algunos liberales) y 263 en contra, principalmente del Partido Popular Europeo. Solo ha habido tres diputados populares que la han respaldado, entre ellos Francesc Gambús, el representante de Unió Democràtica de Catalunya. “Creemos que el BEI no puede eludir su responsabilidad, fue un actor indispensable para que un proyecto desastroso como Castor se llevara a cabo", ha asegurado Urtasun tras la votación. El diputado asegura que insistirá a la Comisión para que cumpla lo que ha pedido el Parlamento.

La segunda medida exigida en este texto consiste en que el Ejecutivo comunitario investigue si “las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse una ayuda estatal prohibida”, una potestad que tiene la Dirección General de Competencia. El contrato firmado en 2008 –bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- con la propietaria de Castor, controlada en un 67% por la constructora ACS, incluía una concesión de 30 años, considerada abusiva por el actual Gobierno español aunque no pudo retirarla. Además, se fijaba una indemnización millonaria (1.350 millones de euros) que ACS acabó cobrando en un periodo inusualmente rápido: un mes después de ser aprobada en Consejo de Ministros.

El proyecto de un depósito de gas submarino en el Mediterráneo pretendía almacenar gas suficiente para abastecer todas las necesidades de consumo de España durante 17 días. Nunca llegó a funcionar porque la empresa renunció al proyecto tras haberse relacionado su construcción con medio millar de terremotos registrados en la zona de Castellón en septiembre de 2013. El Gobierno español optó entonces por la indemnización al argumentar que resultaba más barata esa opción que poner en marcha el proyecto.

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero admite que el contrato se firmó en tiempos de la Administración de Zapatero, pero objeta el modo en que se ha resuelto el pago de la indemnización. "Lo sorprendente es que se haya llegado a un acuerdo tan rápido y por una cuantía tan elevada", asegura la diputada, ex secretaria de Estado de Infraestructuras entre 2009 y 2011. "El BEI no puede invertir sin evaluar bien la rentabilidad y la fiabilidad de los proyectos", añade.

La petición de responsabilidades a Europa por el Castor figuraba en un párrafo del informe de actividad anual del Banco Europeo de Inversiones, pero el Partido Popular Europeo pidió votarlo aparte por tratarse de una cuestión con repercusiones políticas. De esa forma los diputados de este grupo pudieron aprobar el informe del BEI, pero rechazar las reclamaciones sobre el fallido almacén de gas.

El Castor fue uno de los primeros proyectos de un programa de bonos europeos puesto en marcha por el anterior Ejecutivo comunitario para potenciar planes de crecimiento en la economía comunitaria. El BEI aportó 200 millones de euros, sin que se hubieran realizado los estudios necesarios sobre el impacto de peligrosidad sísmica.