Deportados sin ‘entender’ nada

Ni médico. Ni instrumental sanitario adecuado. Ni intérprete. Los vuelos de deportación de extranjeros presentan, en opinión del Defensor del Pueblo, una serie de deficiencias a atajar de inmediato. Unas carencias que incumplen el código de conducta aprobado para estos operativos, según ha reprochado el organismo español a Frontex —la agencia europea encargada de fletar vuelos de expulsión de inmigrantes—; y que, según Soledad Becerril, deben cesar para "no añadir más dolor y sufrimiento a las vidas que tratan de escapar de la guerra y del hambre, o que solo buscan un futuro mejor".

La institución, encargada de la supervisión de estas repatriaciones, ha "constatado" que el organismo europeo no había previsto la presencia de un médico a bordo en varias expulsiones. También, la ausencia de intérprete en otras. E, incluso, la falta de información a los afectados sobre la posibilidad de presentar una reclamación si se vulneran sus derechos fundamentales. Prácticas, todas ellas, "contrarias al Código de Conducta", resalta el Defensor, que también hace hincapié en la inexistencia de desfibrilador y frigorífico para la conservación de medicamentos.

"En todos los vuelos de expulsión supervisados no se disponía de videograbación conforme a la posibilidad contemplada en el Código, en especial cuando la deportación se considera difícil", continúa Becerril, que propone una batería de medidas para reforzar el control de estas deportaciones. Una iniciativa que llega cuando el modelo de expulsiones exprés ya se ha impuesto en España. Y apenas dos semanas después de que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) abriera una investigación interna por la supuesta agresión de un grupo de agentes a un inmigrante en un vuelo de deportación a República Dominicana. 

Diferentes ONG denuncian, desde hace años, casos de agresiones a inmigrantes en estos vuelos, que también ha recogido el Defensor en sus informes. Por ello, la institución española propone que se sometan a reconocimiento médico todas las personas que hayan estado involucradas en una deportación fallida. En su decálogo de iniciativas anunciado este miércoles, enviado a la Defensora del Pueblo Europeo, Becerril también insta a fijar distintivos de identificación para los agentes encargados de las deportaciones. Y considera básico elaborar un protocolo para la expulsión de mujeres embarazadas y menores de edad: "De forma que estos no tengan contacto con otros extranjeros que no sean de su familia".