“Abusos y caos” en la aplicación de la exclusión sanitaria

La decisión de retirar la atención sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles, una medida que este mes cumple tres años, se ha traducido en una vulneración del derecho a la salud de 748.835 personas —según datos oficiales— marcada por el “caos administrativo” y los abusos por los excesos en su aplicación, de acuerdo con el informe Sin tarjeta no hay derechos, presentado ayer por Amnistía Internacional (AI).

La organización humanitaria destaca que sólo 730 personas se han acogido a la alternativa que dió el Gobierno, una póliza (de entre 67 y 157 euros mensuales) para cubrir la asistencia retirada. Además, censura la falta de evaluación del impacto de esta decisión sobre los colectivos afectados.

La heterogeneidad en la aplicación del decreto es otro de los aspectos a los que alude el trabajo. Hay autonomías que han esquivado la medida con normas de mayor o menor rango, otras que la han recurrido al Tribunal Constitucional y algunas (Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha) que han cumplido a rajatabla la exclusión.

En un análisis de dos de las comunidades que han aplicado la exclusión con más dureza, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, se ha observado cómo han ido más allá de la norma al emitir compromisos de pago tras atender a inmigrantes en las urgencias. Ello, pese a que la norma contemplaba que tanto esta atención, como la infantil o el parto debían estar garantizadas y ser gratuitas.

Hace tres semanas, el Gobierno anunció que devolvería la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular. Fuentes del Ministerio de Sanidad han trasladado a EL PAÍS que se está a la espera de reuniones con las autonomías para desarrollar este cambio sobre la situación actual.