Montoro celebra con orgullo la “oportunidad” del ‘caso Rato’

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sostiene que no le gustan las campañas ejemplarizantes y que no ha tenido ningún tipo de intervención ni directa ni indirecta en la operación judicial abierta contra Rodrigo Rato, el histórico dirigente del PP, pero no quiere desperdiciar esta “oportunidad” para lanzar un mensaje general a toda la población: el que la hace la paga, sea Rodrigo o Rato. No lo dijo con esas palabras pero casi. Montoro, tras la reunión semanal del Ejecutivo en Consejo de Ministros, “celebró y valoró” la eficacia de la Agencia Tributaria y sus inspectores y destacó que esta investigación sobre Rato puede tener la virtud de advertir a todos los contribuyentes de la voracidad insaciable de la lucha contra el fraude.

El Gobierno utilizó ayer el delicado momento político y la conmoción generada tras conocerse la investigación judicial sobre un presunto fraude fiscal de Rodrigo Rato para exponer en primera persona a Cristóbal Montoro como el ministro responsable de la Agencia Tributaria, de los inspectores y de la lucha contra el fraude fiscal. La excusa fue la presentación pública, de nuevo, de la reforma de la ley tributaria para dar publicidad a las novedades y mayores recursos que se dedicarán a combatir esa plaga.

Montoro salió, relató las aportaciones en transparencia y más medios de la futura norma y se mostró más comedido y contenido de lo que es habitual en él. En las formas y en las formas. Estaba todo muy estudiado. Cuando llegaron las preguntas el ministro tiró del argumentario preparado para precisar que este caso Rato no ha surgido ahora como consecuencia de la regularización fiscal aplicada por el Gobierno en 2012 (modelo 720) sino como una actuación más de los inspectores sobre las declaraciones de bienes, cuentas y derechos radicados en el extranjero. Una norma especial (modelo 750), modificada en 2013, que ha permitido que aflorasen muchos recursos y patrimonios que hasta ahora no cotizaban en España. Durante 2014 más de 30.000 millones de euros.

El Ejecutivo insiste en que es un asunto “particular” del exvicepresidente

Fue ahí cuando Montoro no quiso desperdiciar la oportunidad para ensalzar la labor de los inspectores, para presumir de las reformas y procedimientos aplicados por este Ejecutivo frente a otras regularizaciones que hizo en su día el PSOE y para advertir de que España, una vez estudiados todos los sistemas comparados, es ahora uno de los peores países del mundo para defraudar: “Si queda alguna persona por ahí que no ha declarado correctamente tiene poco tiempo para hacerlo”.

El ministro de Hacienda, que en el Gobierno Aznar trabajó también en esa función a las órdenes del vicepresidente Rato, no se permitió ninguna concesión personal ni partidista ni sentimental ni ideológica en su actuación en este caso ni en el de la Agencia Tributaria cuando se le inquirió sobre sus sensaciones: “No estoy aquí para sentimientos personales sino para aplicar la ley”. Fue la misma frase, la apelación a que la ley es igual para todos, que utilizó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los numerosos barones y dirigentes nacionales, territoriales y locales del PP que ayer intentaron de esa manera solventar el tremendo impacto que la detención momentánea de Rato causó en un partido en el que fue todo lo que quiso.

Pero las palabras de Montoro tenían un significado y valor especial. Eran más vigiladas. El ministro no se permitió ninguna licencia. Alabó a la Agencia Tributaria por su “independencia y firmeza” y ratificó el lema oficial de que ese organismo no tiene color político: “Da igual el relieve social, el político o el económico que uno se atribuya que todos somos iguales ante la ley”. En su catarata de elogios a la Agencia, cuyo máximo responsable comparecerá para explicar detalles del caso Rato el martes ante el Congreso, Montoro llegó a asegurar que nunca en la historia de España había realizado un trabajo tan positivo y con tantos avances.

Ni la vicepresidenta ni el ministro ni los múltiples dirigentes del PP que hablaron ayer para insistir en esa misma idea de que la Agencia y los jueces habían actuado por su cuenta, con normalidad y métodos habituales y ordinarios y sin ninguna injerencia política, quisieron admitir la evidencia que todos ellos temen en privado. El caso Rato ha explotado en un momento clave y crucial para el PP, a 40 días de unas elecciones locales donde los populares son conscientes de que van a perder mucho poder.

No estoy aquí para sentimientos personales sino para aplicar la ley

“Las instituciones funcionan y deben funcionar con independencia del momento o el lugar, al margen de que haya elecciones o afecte a uno o a otro político”, remachó Sáenz de Santamaría. Montoro y otros dirigentes, como Esteban González Pons, abundaron además en el mensaje de ánimo interno para sus militantes y cuadros locales de que esta investigación sobre Rato es un asunto “particular y no tiene relación con el cargo que tuvo en el ámbito público”. Es decir que le afecta como contribuyente individual y no a la época en la que el exvicepresidente lo mandaba todo en el área económica de la era Aznar, que ha pasado al acervo popular como el legado del que sentirse orgullosos ante los futuros votantes como el mejor aval de la historia del partido.

“No lo tengo en la cabeza” y “no lo sé” fueron las expresiones que utilizó Montoro cuando se le preguntó en concreto por el perfil de las otras 704 personas de exposición pública, como se conoce en el argot de la Agencia, que también son investigadas como Rato por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). No quiso dar ningún detalle. Dijo que lo prohibe la ley aquí y en todos los países del mundo. Y reclamó a los dirigentes de otros partidos que demandan la identidad de ese listado que sean más precisos y formulen esas propuestas de hasta dónde situar la confidencialidad en el trámite de la ley tributaria en el Parlamento.