Wert ultima los nuevos requisitos para abrir universidades

Al Ministerio de Educación y a su titular, José Ignacio Wert, le quedan pendientes dos decretos universitarios. El primero se refiere a la creación de nuevas universidades. El segundo es para la acreditación de profesores. Ambos están pendientes del dictamen del Consejo de Estado, preceptivo pero no vinculante, antes de su aprobación.

La última modificación universitaria se aprobó en medio de protestas y fue recibida con varias jornadas de huelga. El conocido como decreto 3+2, que flexibiliza la duración de las carreras universitarias (tres años de grado y dos de máster), ha sido rechazado por oposición, estudiantes, sindicatos de docentes y la conferencia de rectores. Uno de los principales motivos de queja es el posible aumento del coste de los estudios para los alumnos.

El proyecto para abrir nuevas universidades, que el Ministerio de Educación comenzó a elaborar en 2013, elimina parte de los requisitos recogidos en la normativa actual elaborada en 1991. El borrador del decreto enviado al Consejo de Estado, que aún es susceptible de modificaciones, elimina la necesidad de que las universidades cubran todas las ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnología), o que atiendan a la demanda relacionada con la población escolar de la zona.

Los críticos (sindicatos y oposición) consideran que este cambio favorece a los centros privados. El número de universidades estatales permanece inamovible desde 1997. Hay 50. En el mismo periodo, los privados han proliferado de 12 a 32 centros.

El decreto de centros está pendiente de la revisión del Consejo de Estado

Las comunidades autónomas reclamaron al ministerio el pasado julio que incluyeran medidas en el decreto para poner coto a las universidades en línea. Les preocupaba, entre otras cuestiones, que los centros se crean con una sede inicial en una región —las autonomías son las que aprueban en última instancia la apertura de nuevos centros— pero pueden operar y captar alumnos en el resto del país. Educación ha atendido en parte a sus peticiones. Si un centro no presencial abre oficinas en una comunidad autónoma distinta de la de su sede inicial “requerirá la autorización de la Administración educativa competente en que tenga lugar la actuación presencial”.

En los centros presenciales se exigirá una ratio mínima de un profesor por cada 25 alumnos. En el caso de los centros online, el último borrador aumenta las exigencias y establece una horquilla de un profesor por cada 50 ó 100 alumnos [en las primeras versiones era uno por cada 100], “en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad”.

El decreto de acreditación de profesores permitirá que la experiencia profesional sume puntos para ser docente universitario si faltan otros méritos. Los sindicatos critican que supondrá una evaluación más cualitativa (y, por tanto, subjetiva) que cuantitativa. En la última protesta contra el 3+2, estudiantes y centrales incluyeron los nuevos decretos entre sus motivos de protesta. Consideran que juntos conforman una reforma universitaria aprobada “sin negociación y por la puerta de atrás”.