Ruz prepara el examen final al PP en el caso Bárcenas de financiación ilegal

El juez Pablo Ruz apura sus últimas semanas al frente del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cinco años alguna de las causas por corrupción que más han agitado la vida política en España. A mediados de abril dejará la plaza que ocupaba en comisión de servicios. Le sustituirá el juez José de la Mata, que ha ganado el concurso convocado por el Consejo General del Poder Judicial.

En los próximos días, el magistrado Ruz espera recibir el informe sobre el supuesto fraude fiscal del PP que ha solicitado, por segunda vez, a la Agencia Tributaria. Este organismo se negó la semana pasada a elaborar los cálculos que le pedía Ruz al entender que las donaciones ilegales a los partidos políticos están exentas del pago del Impuesto de Sociedades. El juez, la Fiscalía Anticorrupción y la sección cuarta de la Audiencia Nacional no comparten este criterio de Hacienda y defienden que el PP debería haber pagado el Impuesto de Sociedades por el millón de euros que recibió en 2008, único ejercicio que no está prescrito, de donaciones supuestamente ilegales.

Esta disputa tributaria puede ser trascendental en el juicio que se celebrara por esta causa dado que el PP, si el tribunal avala la tesis del juez Ruz, podría haber incurrido en un delito fiscal vinculado a la supuesta financiación ilegal que disfrutó durante años.

Con esa documentación que ha reclamado a la Agencia Tributaria, el juez está dispuesto a concluir en breve un sumario abierto hace dos años a raíz de la publicación en EL PAÍS de los denominados papeles de Bárcenas, donde se registraron las donaciones ilegales de varias decenas de empresarios (ocho millones de euros entre 1990 y 2009) y los pagos de sobresueldos a la cúpula del partido.

La instrucción del juez Ruz ha permitido acreditar, al menos en parte, la financiación ilegal del PP. Algunas de las personas que aparecen como receptoras de esos fondos opacos (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Río, Jaume Matas, Cristóbal Páez...) han confirmado al juez que ingresaron el dinero que aparece reflejado en los papeles de Bárcenas. En la contabilidad oficial del PP no aparecen registrados esos movimientos, por lo que sólo puede tratarse de financiación ilegal de la formación conservadora.

La cùpula del PP en esos años (Rajoy, Acebes, Mayor Oreja, Arenas, Rato y Álvarez Cascos) han negado que recibieran sobresueldos de la caja b que controlaba Bárcenas.

Los informes periciales encargados por el juez sostienen que los papeles, que abarcan un periodo de 19 años en la vida del PP, no se escribieron de una sola vez -descartando así que pudieran tratarse de una burda manipulación- sino en la etapa de tiempo que reflejan los manuscritos, y que el autor de los apuntes es Luis Bárcenas, como él mismo confesó al juez.

Como la financiación ilegal de los partidos políticos no está tipificada en el Código Penal, el sumario abierto por el juez Ruz sólo puede encajar los hechos en otros tipos, como el delito contable -llevar una contabilidad distinta a la declarada- o el delito fiscal -un fraude fiscal por encima de los 120.000 euros al año-. En ambos casos, el responsable de esos supuestos delitos sería el administrador del PP, que en los años juzgados era Luis Bárcenas, el ex tesorero que ya está procesado en el caso Gürtel y para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 42 años de cárcel.

El juez Ruz también ha recabado pruebas de la compra de acciones de Libertad Digital con dinero de la caja b del PP; del pago de parte de las obras de reforma de la sede central (Génova, 13) con fondos opacos; o de la financiación de compras de otras sedes del PP en distintos lugares de España con las donaciones ilegales de empresarios.

Aunque Ruz considera acreditada la financiación ilegal del partido que gobierna España, no ha logrado reunir una sola prueba de que los empresarios hacían las donaciones a cambio de adjudicaciones de obras o contratos públicos por parte de gobiernos del PP. Esta circunstancia llevó a la Fiscalía Anticorrupción a pedir hace unos días que se retire la imputación contra nueve empresarios, algunos de ellos propietarios de grandes constructoras de España.