La criminalidad baja a cotas mínimas mientras se endurecen las penas

La caída en las cifras de delincuencia, que se inició en la legislatura anterior, se ha acelerado, según las estadísticas del Gobierno. En 2014, se cometieron en España 44,8 infracciones penales —delitos y faltas— por cada mil habitantes, frente a los 51,9 con que se cerró el año 2008. La bajada de los últimos tres años es el doble de la lograda entre 2003 y 2011. Estas cifras figuran en un informe que los asesores del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevaban preparado para el debate sobre el estado de la nación, que se celebró la semana pasada, y que se quedó sin estrenar.

En el tenso debate de política general el presidente tuvo que enfrentarse al examen de los grupos parlamentarios en asuntos como la crisis económica, la corrupción o el soberanismo en Cataluña. Sin embargo, hubo una materia que tanto el jefe del Ejecutivo como los partidos dejaron en el tintero: la seguridad ciudadana. Rajoy no tenía interés en que el brillante porvenir para España que dibujó en su discurso quedara empañado con un tema que evoca, en el subconsciente de los ciudadanos, crímenes horrendos y sordidez. La oposición, por su parte, prefirió no buscar polémica en un asunto que ha desaparecido de las preocupaciones de la calle y en el que las únicas estadísticas disponibles —las del Ministerio del Interior— son, además, muy favorables para al Gobierno.

Este descenso en la criminalidad se nota en las cárceles. La población reclusa se ha reducido sin descanso en el último lustro: de 76.215 presos penados y preventivos en enero de 2010, se ha pasado a 65.039 en el mismo mes de este año, última cifra que ofrece la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Se trata de una bajada del 15%, que contrasta con el aumento del 34% que experimentó la ocupación de las cárceles entre 2003 y 2009. No obstante, España sigue siendo uno de los Estados de la Unión Europea con más presos por cada 100.000 habitantes.

El descenso de la delincuencia en los últimos años coloca a España entre los países con menor tasa de criminalidad de la Unión Europea. Curiosamente, los países más golpeados por la crisis económica, Grecia (17,5 infracciones por cada 100.000 habitantes) y Portugal (38,2), aparecen, junto a España, en la lista de los estados más tranquilos, frente a una media europea de 61,3 infracciones. El Gobierno sostiene que “España es un país seguro entre países seguros”.

La inseguridad ciudadana tiene un componente objetivo —el número de delitos cometidos— y otro subjetivo, la percepción de vulnerabilidad que tienen los ciudadanos. La inseguridad ciudadana ha desaparecido entre los tres principales problemas citados por los ciudadanos en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En enero de 2007, el 18,9% de los ciudadanos nombraba espontáneamente la delincuencia entre sus tres mayores preocupaciones. Al inicio de la legislatura, esta cifra se situaba en el 5,7% y en el último barómetro, del pasado enero, solo el 2,6% de los encuestados citaban la delincuencia. En este caso, sin embargo, además de una percepción de mayor seguridad, la estadística puede estar mediatizada por el gran peso que en los últimos años han cobrado el paro, la corrupción y los problemas económicos en la vida española, que han desplazado al resto de preocupaciones.

Prácticamente todos los delitos de mayor alarma social han descendido. Los homicidios y asesinatos han bajado un 13,4% y las agresiones sexuales caen un 24,8% entre 2011 y 2014. Los delitos contra el patrimonio también se reducen —un 10,5% en total— aunque con matices. Mientras los robos con fuerza en los vehículos y en establecimientos comerciales caen un 30,7% y un 37,5% respectivamente, los robos en viviendas aumentan con fuerza: de 100.780 casos al inicio de la legislatura a 121.873 al cierre de 2014, un crecimiento del 20,9%. En un momento en que la situación económica de muchos hogares es desesperada, también se disparan las estafas, un 31,5%, según la estadística del Ministerio del Interior, con datos de todos los cuerpos policiales estatales y autonómicos.

Estos descensos tanto en la criminalidad registrada como en la percepción ciudadana del riesgo han venido acompañados en esta legislatura con un endurecimiento de las leyes, y especialmente con la introducción en el Código Penal de la prisión permanente revisable. La reforma que, en la práctica, permite la cadena perpetua se plantea para delitos de gran alarma social, como los asesinatos terroristas o los crímenes que vayan acompañados de agresión sexual. En los últimos años se han producido casos de gran impacto como el asesinato y desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo o la desaparición de los niños Ruth y José, aunque el PP ha desvinculado la reforma legal de estos crímenes.

El PP ha aprobado en solitario la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, recibida por el resto de grupos políticos como una “ley mordaza” al convertir en sanción administrativa —y por lo tanto ajena al control judicial— las infracciones que el Código Penal califica ahora como faltas. El texto incluye como conductas sancionables, con hasta 30.000 euros as manifestaciones ante el Congreso o las protestas con escaladas en edificios públicos, entre otros. El Gobierno sostiene que no es cierto que esta nueva ley pretenda acallar las protestas ciudadanas, y pone como argumento que “los delitos registrados contra el orden público han descendido de forma muy considerable durante esta legislatura”.