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El Consejo de Ministros aprueba las leyes de tasas y segunda oportunidad

El Gobierno también aumenta los vocales del CGPJ con dedicación exclusiva

Rajoy, durante el debate.
Rajoy, durante el debate. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes algunas de las iniciativas avanzadas por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación. En concreto, se trata de la revisión de las tasas judiciales, de la ley de segunda oportunidad y el aumento de los vocales del Poder Judicial con dedicación exclusiva, así como la extensión de los cheques familiares a las familias monoparentales, la exención de los primeros 500 euros para nuevos contratos indefinidos, la bonificación del 100% en su cotización a la Seguridad Social para autónomos que quieran conciliar y la reducción de 30 a 25 en el número de peonadas necesarias para cobrar el subsidio.

Dentro de la ley de segunda oportunidad, el Gobierno aumenta la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarían así excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, y ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de desahucios que vencía en mayo de este año.

La revisión de tasas judiciales anunciada por Rajoy permite la supresión de las que afecten a las personas físicas en todos los órdenes e instancias. El proyecto de ley hace que las tasas que están recurridas ante el Tribunal Constitucional vuelvan a como estaban antes de la llegada del PP al Gobierno en una de las rectificaciones más evidentes del Ejecutivo en esta legislatura. Los recursos se han basado en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva porque dificulta el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

Además, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se incluye un aumento a siete del número de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva.

De este modo, y tan sólo después de año y medio después de ser aprobada en junio de 2013, con Alberto Ruiz-Gallardón en la cartera de Justicia, el Gobierno "autoenmienda" su propia reforma de la LOPJ, que fue la que modificó la constitución y el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces y redujo el número de miembros del mismo con dedicación exclusiva. La reforma está además recurrida ante el Tribunal Constitucional. La nueva norma incorpora, además, mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales. Así, jueces experimentados en su materia podrán prestar asesoramiento a otros instructores que lleven causas de especial complejidad en su tribunal.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado la séptima edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de automóviles nuevos a cambio de achatarrar uno antiguo, con una dotación presupuestaria de 175 millones de euros y que cuenta con sensibles modificaciones en comparación con los programas anteriores.

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