La Abogacía del Estado y la fiscalía chocan por el almacén de gas Castor

Los funcionarios imputados por haber autorizado el almacén de gas Castor, frente a las costas de Castellón, han comenzado a recibir llamadas de la abogacía del Estado en las que les adelanta que si así lo desean se harán cargo de su defensa. Eso implica que tras semanas de análisis se ha concluido que no hay delito de prevaricación. La Abogacía, un cuerpo del Ministerio de Justicia, choca así contra la Fiscalía, que es quien interpuso una denuncia en un juzgado de Castellón por prevaricación. La instrucción del caso en el juzgado de Vinaròs promete ser entretenida.

El pasado mes de diciembre la Fiscalía de Castellón denunció a la cúpula de la empresa que opera el almacén Castor, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS) y a un grupo de funcionarios que en la época del PSOE participaron en la tramitación del proyecto, aprobado en 2009. En 2013, cuando comenzó la inyección de gas frente a la costa de Castellón, el almacén desencadenó más de 500 microseísmos y finalmente ordenó su paralización. Además, el Gobierno indemnizó a la empresa con 1.350 millones, como estipulaba la adjudicación.

El fiscal acusa a cinco miembros y exmiembros de los Ministerios de Medio Ambiente y de Industria “que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto”. Entre ellos hay dos directores generales del Ministerio Industria del anterior Ejecutivo del PSOE y una ex directora general de Medio Ambiente. También hay cuatro funcionarios de ese departamento y cuatro miembros del Instituto Geológico y Minero (IGME).

La denuncia de la fiscalía llegó tras un intenso debate dentro del ministerio público, porque había allí quien no veía caso. Finalmente, el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce, nombrado a propuesta del Gobierno, autorizó su presentación. En enero pasado, el juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs (Castellón) imputó a las 18 personas denunciadas por delito contra medio ambiente y los recursos naturales y prevaricación ambiental.

La fiscalía denuncia que el Ejecutivo y la empresa no estudiaron la posibilidad de la sismicidad inducida por la inyección de gas a presión en esa estructura geológica.

La Abogacía del Estado ha analizado el expediente con los ministerios implicados y ha concluido que no ve ningún delito. No siempre defiende a los funcionarios, sino que si aprecia un daño para el Estado debe ir contra ellos.

Lo más frecuente es que fiscalía y abogacía del Estado vayan de la mano, como ocurre en el caso Gürtel —donde el abogado del Estado pide en algunos casos penas mayores que la fiscalía— o en el de Urdangarín, pero en este caso la discrepancia es total. La abogacía, según ha transmitido a los imputados, no ve posible que estos funcionarios pudieran predecir que el almacén fuese a producir terremotos.

Además, señala como incongruencia que la fiscalía finalmente no ha denunciado a la ex secretaria de Estado Teresa Ribera, que fue quien firmó la Declaración de Impacto Ambiental, mientras que sí ha ido contra técnicos que no firmaron o que participaron muy tangencialmente. La denuncia, resaltan fuentes del caso, tampoco va contra el Consejo de Ministros que fue quien autorizó el almacén. El caso ha sido promovido por la fiscalía y será rebatido por el Ministerio de Justicia, algo que tiene previsto anunciar formalmente la semana que viene.

El almacén Castor, finalmente, paralizado, pretendía servir de colchón por si España tenía problemas de suministro de gas procedente de Argelia o Catar, los dos países de los que más importa. Sin embargo, la caída de la demanda eléctrica por la crisis hizo que no fuera necesario su utilización.