El Tribunal de Cuentas limita el ‘caso ERE’ a tres ex directores generales

El Tribunal de Cuentas limita la responsabilidad contable del fraude de los ERE de Andalucía a los tres ex directores generales de Trabajo de la Junta imputados por la juez Mercedes Alaya en el proceso penal: Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Al menos de momento, el órgano fiscalizador exime de responsabilidad contable a otros altos cargos contra los que se dirigía la denuncia que presentó el PP en 2011, entre ellos José Antonio Griñán y Magdalena Álvarez, ambos por su responsabilidad como exconsejeros de Hacienda andaluces. Griñán está imputado ante el Supremo y Álvarez y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a quien también señalaba la denuncia, están acusados ante la juez Alaya.

El tribunal resposabiliza a los ex directores generales porque eran ellos los que tenían las competencias para el reconocimiento de las obligaciones de pago de las pólizas de los extrabajadores que abonaba la Junta y daban su conformidad al coste total de estas pólizas. El órgano fiscalizador considera que el hecho de que en las pólizas no apareciera desglosado el concepto “gastos externos” o “comisiones de adquisición”, no exime de responsabilidad a Guerrero, Márquez y Rivera, porque debían conocer “con toda concreción” los conceptos que se estaban autorizando. De este modo, la delegada instructora del tribunal ha seguido la pauta señalada por la Junta de Andalucía, que en un informe remitido el pasado diciembre acotó la responsabilidad contable a Guerrero, Márquez y Rivera.

Ayer, el Tribunal de Cuentas celebró la denominada liquidación provisional, incluida en las actuaciones previas del proceso abierto para que la Junta recupere los fondos públicos, en paralelo al proceso penal. Ayer comparecieron los tres exdirectores de Trabajo, a los que el órgano reclama 64,3 millones por las sobrecomisiones abonadas en los ERE, un fondo que la Junta dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. La Guardia Civil fijó en su día en 50 millones la cifra abonada en sobrecomisiones por encima del mercado. Mientras, la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, elevó dichas sobrecomisiones para las consultoras Vitalia y Uniter hasta los 66 millones de euros.

El acta de liquidación provisional hace responsable a Guerrero, el principal imputado en la causa penal y que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, de 46,3 millones; a Márquez, director de Trabajo entre 2008 y 2010, de 14,8 millones; y a Rivera, de 3,2 millones. Los tres comparecieron, acompañados de sus abogados.

Según el tribunal, la liquidación es provisional y se hace “en reserva” de la decisión que se adopte en un futuro juicio contable donde las partes podrán presentar alegaciones y solicitar las pruebas que crean necesarias. El procedimiento está en una fase inicial y el acto de ayer representa una primera instancia donde oír las alegaciones de los acusados. Más adelante, las partes, incluido el fiscal, la Junta y el PP, presentarán sus demandas para limitar la responsabilidad contable a los tres exdirectores o ampliarla a más ex altos cargos de la Junta.

En la comparecencia los abogados expresaron su disconformidad con el acta de liquidación provisional. El abogado de Guerrero, Fernando de Pablos, estimó, además, que las responsabilidades que se le atribuyen están prescritas. Los letrados de Rivera y Márquez negaron que estos estuvieran al tanto del pago de sobrecomisiones y el de Rivera añadió que la Junta había omitido el envío de diversa documentación relevante para la delegada instructora del caso en el Tribunal de Cuentas.

Tras la comparecencia de los altos cargos, estaban citados empresarios y representantes de seis Ayuntamientos sevillanos que recibieron ayudas directas desde el Ejecutivo autónomo, y cuya cuantía reclama asimismo el órgano fiscalizador.