Los consejeros dicen que Caja Madrid tributaba por ellos y no lo revisaron

La segunda sesión de interrogatorios a los consejeros de Caja Madrid por el escándalo de las tarjetas opacas a las que se cargaron 15,5 millones de euros entre 2003 y 2012 se ha centrado en los consejeros propuestos por el PP y el PSOE. Los nueve exmiembros del Consejo de Administración de la caja que han prestado declaración este martes, uno de ellos un ex alto cargo en Comisiones Obreras, han incurrido en las mismas versiones contradictorias de sus compañeros interrogados el lunes: mientras un grupo sostuvo que las tarjetas servían para hacer frente a gastos de representación, otros imputados insistieron en que el dinero de plástico formaba parte de su salario como consejero. El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón pidió para todos ellos fianzas de responsabilidad civil equivalentes al dinero gastado, un total de 1,55 millones de euros entre los nueve consejeros que han declarado este martes, imputados por apropiación indebida y administración desleal.

Todos los consejeros que han pasado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu han manifestado que confiaban en que Caja Madrid tributaba por ellos por las tarjetas opacas, aunque ninguno de ellos comprobó ese extremo. De hecho, han sido varios los miembros del órgano de gobierno de la entidad los que han presentado declaraciones tributarias complementarias tras estallar el escándalo de los gastos personales con cargo a la entidad, el pasado octubre. “Confiaba en que los servicios jurídicos y fiscales de la caja supieran lo que hacían”, ha declarado Alberto Recarte, consejero a propuesta del PP. Su compañero José María de la Riva, nombrado por el PSOE, ha ido incluso más lejos y ha asegurado que a él le dijeron que la caja tenía “un acuerdo con Hacienda por el que los consejeros no tenían que tributar por las tarjetas”.

Según fuentes presentes en la sesión, que ha empezado a las 9.00 y ha terminado sobre las 13.10, algunos interrogados han declarado que el sistema de retribución con las tarjetas opacas les generaba “dudas” e incluso “incomodidad”. Es el caso de Virgilio Zapatero, consejero a propuesta del PSOE, y que en 2012, dos años antes de que estallara el escándalo, devolvió a la entidad 16.697 euros. Zapatero, que fue ministro de Relaciones con las Cortes en el Gobierno de Felipe González, ha afirmado ante el juez: “Me sentí incómodo por la no fiscalización y control de los gastos. En otras organizaciones para las que trabajé, los gastos se justificaban contra factura y eran visados por el interventor; aquí no había nada de eso, era una situación incómoda”.

Por su parte, Alberto Recarte, expresidente de Libertad Digital y consejero a propuesta del PP, ha manifestado que siempre tuvo “dudas sobre la legalidad del sistema retributivo”. Según fuentes presentes en el interrogatorio, Recarte ha asegurado que el asunto de las tarjetas “era un tema reservado” y que no se trataba en los consejos de administración de la entidad.

Estanislao Rodríguez asegura que el dinero, 255.400 euros, correspondía a gastos de representación que no tienen que justificarse

Una de las declaraciones más intensas de la jornada la ha protagonizado Estanislao Rodríguez Ponga, secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004, en el Gobierno de José María Aznar. Este ha asegurado que sus gastos con la tarjeta fantasma —255.400 euros— correspondían a gastos de representación, pero ha señalado que estos, a diferencia de las dietas, no tienen que justificarse. Según él, cuando llegó a la entidad en 2004, preguntó si iba a disponer de despacho, coche oficial, chófer y otras prebendas del cargo, y le contestaron que en lugar de ello, disponía de la tarjeta, con un límite de 50.000 euros anuales.

El fiscal le ha preguntado por qué no declaró a Hacienda este concepto retributivo. Rodríguez Ponga, en la línea de otros imputados, ha señalado que entendía que la caja lo había declarado debidamente por él y que él no hacía el cómputo anual de retenciones.

El juez Andreu le ha preguntado si las compras en el supermercado de El Corte Inglés se incluyen como gastos de representación. El exconsejero ha sostenido que en su cargo era importante realizar obsequios a distintas personas. El magistrado le ha rebatido entonces si dispone de un listado de los beneficiarios de esos regalos. “Ha pasado mucho tiempo, nadie me pidió el listado en su día y a estas alturas es imposible”, ha manifestado Rodríguez Ponga, según fuentes presentes en la sala.