El Tribunal de Cuentas cuestiona el sistema de financiación de Enresa

El Tribunal de Cuentas alerta de los problemas de financiación que se pueden generar en el fondo del que se nutre el Plan General Residuos Radiactivos, que gestiona la empresa pública Enresa y en el que se recogen las actividades de tratamiento de los desechos nucleares y el desmantelamiento de las centrales. Del análisis de ese fondo en los ejercicios de 2010 y 2011, el órgano fiscalizador resalta la buena gestión financiera de los excedentes.

Pero el Tribunal de Cuentas apunta a que se está gestando un grave desfase entre los ingresos y los gastos de Enresa. Por ello, pide cambios en el actual marco de financiación, que se basa en cuatro tasas que no se han actualizado desde 2010. En el caso de las centrales nucleares, el informe de fiscalización señala que, de mantenerse los tipos de gravamen vigentes, "quedarían sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación estimadas por Enresa para hacer frente al flujo de costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado". "Quedarían sin cubrir 1.800 millones de euros", añade el informe.

El Tribunal de Cuentas sostiene que este sistema de financiación, en contra de lo que establece la normativa estatal y europea, implicará que las "generaciones futuras" tendrán que asumir "parte de los costes derivados de la clausura y desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas". Además, el órgano fiscalizador advierte de que "Enresa ha dejado de tener una capacidad directa de control sobre los ingresos de la recaudación de estos tributos, que ha recae sobre la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

Por ello, recomienda que se revisen cada año las dos tasas que pagan los titulares de las centrales nucleares. Además, pide que esas tasas se fijen "en función de las necesidades de financiación futura".

Enresa envió en diciembre al Tribunal de Cuentas unas alegaciones en las que sostiene que la norma que regula las tasas contempla que los tipos puedan ser revisados "por el Gobierno mediante real decreto". Sin embargo, el Tribunal de Cuentas resalta en su informe que esos tipos no se han modificado desde que se implantaron hace cinco años. La empresa pública también alega que este mecanismo de revisión es el mismo que se utilizaba en los anteriores sistemas de financiación.