“Si el Gobierno confiase en sí mismo no sacaría adelante la ‘ley mordaza”

Aryeh Neier (Berlín, 1937) combina su preocupación por los cambios legislativos del Gobierno del PP en materia de libertad de expresión —apuntalados en la denominada ley mordaza— con un sorprendente optimismo. "Cuando existen grupos organizados para defender los derechos, como es el caso de España, a largo plazo terminan teniendo éxito. Esa es mi experiencia", sentencia el estadounidense. Fundador de Human Rights Watch (HRW) y presidente emérito de la Open Society Foundation, este referente internacional en activismo social ha pasado por Madrid esta semana para denunciar el "peligro" que conllevan las reformas impulsadas por el Ejecutivo: "Aquí existe un riesgo real de limitar las libertades".

A sus casi 80 años, Neier conversa despacio. Vocaliza con perfección cada palabra que pronuncia en inglés. Y habla en voz baja. Lo que no impide que sus afirmaciones rezumen contundencia. "Me parece que el Gobierno español actúa de manera insegura y miedosa. Si tuviese confianza en sí mismo, en sus políticas, no haría la ley mordaza, no limitaría el derecho a la protesta. Todo lo contrario, lo promovería y lo protegería", apunta este abogado de extensa biografía. Cuando apenas tenía dos años, su familia huyó de la Alemania nazi y se refugió en EE UU. Allí se crió, se licenció en Leyes y se enfrentó, por ejemplo, al intento de censura de la administración Nixon en el caso de los papeles del Pentágono.

Curtido en decenas de batallas por las libertades civiles —en la Sudáfrica del apartheid y el Chile de Pinochet, entre otras—, recibe a EL PAÍS en un hotel situado a apenas unos metros del Congreso de los Diputados. Y es, precisamente, ese Parlamento rodeado permanentemente de vallas policiales el que le sirve como ejemplo para describir la actitud del equipo encabezado por Mariano Rajoy: "Esta situación proyecta la imagen de un Gobierno que no quiere permitir que la gente proteste, que teme que las quejas se hagan mayores". Una postura que, en su opinión, nace "posiblemente como reacción directa" a los numerosos movimientos sociales que se han echado a las calles de España en los últimos años. De ahí, añade, la proliferación de cambios como la ley mordaza.

"Pero un Ejecutivo que actúa así constituye un riesgo para toda sociedad democrática. Tiende a actuar de forma arbitraria, sin pensar lo que hace. Y a la larga termina creando más problemas", remacha inmediatamente el activista, que no obvia el contexto de crisis económica que atraviesa el país. "La desigualdad está creciendo y eso influye en el aumento de las protestas. Y esto, a su vez, provoca la adopción de medidas represoras de la libertad de expresión".

Los gobiernos intentan limitar la protesta en un estadio temprano, para evitar que crezcan los grupos que se le oponen

"Los gobiernos restringen la protesta cuando se evidencia un descontento cada vez mayor hacia sus políticas. E intentan limitar estos derechos en un estadio temprano, para evitar que crezcan los grupos que se le oponen", continúa Neier, que defiende las concentraciones como un instrumento de "diálogo constante" entre la ciudadanía y el poder político. De hecho, durante una conferencia organizada el lunes por la Fundación de la Abogacía Española y Rights International Spain, el activista hizo mucho hincapié en que la gobernanza democrática no se puede limitar a unas elecciones cada cuatro años: "Las manifestaciones pacíficas han jugado un papel decisivo a la hora de transformar muchos países".

Una tesis que amplía a EL PAÍS: "Son la única herramienta que puede utilizar la gente normal para hacer llegar sus demandas al Ejecutivo. Porque, por ejemplo, los grandes grupos empresariales sí tienen otras vías". Como los lobbies. Aunque, el estadounidense pone un claro límite a esas protestas: la violencia. Condena su uso y, además, la considera contraproducente. "Le sirve a los gobiernos para criminalizar los movimientos y justificar sus restricciones".

Aterrizado en Madrid apenas un mes después del atentado de Charlie Hebdo, no cree que se haya reproducido en Europa una tendencia generalizada a limitar las libertades por miedo a ataques terroristas. Aunque, al centrar el foco en España, matiza la cuestión. Sobre todo, tras el pacto antiterrorista firmado de urgencia entre el PP y el PSOE, que acumula las críticas de varias ONG por la nueva definición del delito de terrorismo —se considerará, por ejemplo, que este se produce cuando existe la finalidad "de subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas"—. Un concepto demasiado ambiguo para los colectivos sociales, que se oponen a que pueda calificarse de terrorismo algunas formas de protesta o convocatoria de actos públicos. En ese punto también incide Neier: tras los atentados, "España parece que sí va por el camino" de restringir los derechos.