El Poder Judicial estudia la expulsión del juez de la Constitución catalana
El Promotor de la Acción Disciplinaria le considera responsable de dos faltas muy graves
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial, magistrado que se encarga de instruir los expedientes disciplinarios a los jueces, ha propuesto que se expulse de la carrera judicial al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal que participó en la redacción del borrador de la futura Constitución catalana.
El magistrado Antonio Fonseca-Herrero, encargado de instruir su expediente disciplinario, le considera responsable de dos faltas muy graves: la primera por participar en actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado y la segunda por ignorar el cumplimiento de los deberes judiciales. Su calificación coincide con la de la fiscalía, que también propone que se le expulse.
El magistrado considera probado que el juez Vidal “ha participado activamente, y al margen de cualquier cobertura” en un grupo de trabajo que “tenía por objeto elaborar y redactar una Constitución catalana” para ponerla a disposición de “quienes promovieran la celebración de una consulta por el llamado derecho a decidir y la independencia de Cataluña”, y que ha apoyado activamente iniciativas políticas públicas y privadas por la independencia catalana.
El instructor explica que el deber de fidelidad asumido por los jueces en su juramento “no impone un compromiso político y personal en defensa de la Constitución”, pero sí la obligación de abstenerse en actuaciones que “pongan en peligro valores o principios sobre los que la Constitución se sustenta” y adecuar su actuación a estos valores y principios.
El promotor cree que la actuación del magistrado Vidal no puede quedar amparada por el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión e incide en que se ha involucrado en un proceso de tipo político en el que ha auspiciado “conductas antijurídicas, como la desobediencia civil”.
El escrito ha sido notificado al magistrado Santiago Vidal, que tiene un plazo de ocho días para formular alegaciones. Transcurrido ese plazo, las actuaciones serán elevadas al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que resolverá sobre esta propuesta de sanción.
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