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La cadena perpetua bloquea el pacto contra el terrorismo

El Gobierno presenta una propuesta en la que elimina los puntos objetados por el PSOE

El secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. Ampliar foto
El secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez.

La prisión permanente revisable o cadena perpetua ha bloqueado el pacto antiterrorista entre el Gobierno y el PSOE. El Ejecutivo ha presentado a los partidos un texto de nueva regulación penal contra el terrorismo en el que recoge todas las demás peticiones del PSOE como la eliminación de la “alteración de la paz social”, la confusa referencia al aborto, la colaboración sin conocer la actividad terrorista de quien la recibe y un cambio radical de la redacción.

Sin embargo, el nuevo artículo 572 mantiene como pena a imponer por estos delitos la prisión permanente revisable que el PSOE rechaza radicalmente. Los socialistas admiten que no pueden firmar una proposición de ley que hable de esta pena y así lo han trasladado al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y a la subsecretaria de Justicia, Aurea Roldán.

Estos explicaron a los socialistas que, una vez que el resto del Código Penal establece esa prisión permanente para delitos muy graves no se puede eludir en la regulación penal y, por eso, tendrá que estar necesariamente concretada en el pacto. El Gobierno no ve posible una referencia genérica a la “mayor pena prevista en este código”, porque la jurisprudencia impide que las normas penales tengan una duración de condenas incierta, ilimitada o indefinida como sería en ese caso. En la propuesta presentada este jueves por el Gobierno se mantiene como delito la consulta de webs yidahistas. Concretamente, habla de quien “consulte uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea cuyos contenidos estén dirigidos o por su contenido resulten idóneos para incitar a la incorporación a una organización o grupo terrorista” y de una pena de uno a 8 años de prisión.

La nueva regulación tipifica el entrenamiento en el extranjero con fines terroristas

La nueva regulación del terrorismo que propone el Gobierno tipifica el entrenamiento en el extranjero con fines terroristas. Así, se fijan hasta ocho años de prisión para quien “se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista”, siempre que haya voluntad o intención de incorporarse a esas actividades. En este punto el Gobierno ha introducido también cautelas y garantías en la línea solicitada por el PSOE.

También se mantiene la actual regulación del delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas o sus familias, con una pena fijada de uno a tres años.

El resto de grupos ha mostrado su disposición a sumarse, con peticiones concretas como la de Rosa Díez (UPyD) para que se den más medios a la lucha contra el terrorismo.