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La Guardia Civil requisa las facturas de Púnica en la Comunidad de Madrid

Los agentes acuden a tres organismos regionales para llevarse la documentación

Alejandro de Pedro Llorca, propietario de la empresa EICO, en el momento de su detención el pasado 27 de octubre en Valencia.
Alejandro de Pedro Llorca, propietario de la empresa EICO, en el momento de su detención el pasado 27 de octubre en Valencia.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a tres sedes de la Comunidad de Madrid para que requisaran todos los contratos y facturas de los últimos cinco años firmados por esos organismos con empresas vinculadas a la trama Púnica. Por orden de Velasco, los agentes se presentaron en el Departamento de Contrataciones de la Comunidad de Madrid, en la Oficina de Comunicación del Gobierno madrileño y en la Agencia de Informática y de Comunicaciones (ICM), adscrita a la Consejería de Presidencia. En las tres instituciones requisaron expedientes públicos y facturas.

Una agencia con 155 millones

El hilo del sumario que implica en la Operación Púnica a la Comunidad de Madrid es la relación de las sociedades del conseguidor de la trama, el empresario valenciano Alejandro De Pedro Llorca, con la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) —un organismo adscrito a la Consejería de Presidencia que dirige Salvador Victoria— con un presupuesto en 2014 de 155 millones de euros.

El arresto el pasado 27 de octubre del consejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás, hizo cundir el pánico en el Gobierno de Madrid. Los dos días siguientes, el jefe de ICM declaró a la Guardia Civil y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que si pidió varias veces a Indra —una multinacional adjudicataria que ha recibido contratos millonarios de este organismo— que abonase facturas a las empresas de De Pedro fue porque se lo ordenó su superior, Salvador Victoria.

El testimonio de Martínez Nicolás, a quien el juez le imputó cuatro delitos (falsedad documental, cohecho, fraude y malversación) por los manejos con Indra, está respaldado por pinchazos telefónicos y SMS incorporados a la causa. Tras declarar, Martínez Nicolás salió libre con cargos y dimitió. Por eso las fuentes de la investigación judicial advierten indicios de delito en la actuación de Victoria.

Las adjudicaciones de ICM fueron denunciadas en su día por UPyD, en la Asamblea de Madrid y en los tribunales.

Martínez Nicolás, un ingeniero cuya vida profesional ha estado ligada a TVE, entró en ICM en 2007 de la mano de la exconsejera Engracia Hidalgo, cuando ICM dependía de la Consejería de Hacienda. La mayor parte de su carrera en ICM la pasó, no obstante, a las órdenes de Ignacio González, cuando ICM estaba adscrita a la vicepresidencia, cuyo cargo ostentaba entonces González. En 2012, cuando este tomó el relevo de Aguirre, la agencia pasó al departamento de su mano derecha, Salvador Victoria. Es la etapa que ahora se investiga.

El juez Velasco pretende analizar las facturas y adjudicaciones que hayan realizado estos departamentos del Gobierno que preside Ignacio González con uno de los principales implicados en la red Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, señalado como el conseguidor de la trama en el sumario y encarcelado desde el 29 de octubre hasta el pasado 24 de diciembre, cuando logró la libertad tras pagar la fianza.

De Pedro Llorca está detrás de las empresas adjudicatarias Eico Online y Madiva Editorial. Los agentes también se llevaron los contratos del último lustro entre la Comunidad de Madrid y las firmas, también involucradas en la red Púnica, Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones, vinculadas con el también implicado en la trama José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena (Murcia).

Las pesquisas de la trama Púnica, que el juez Velasco mantiene secretas y que a finales de octubre llevaron a la detención de 35 personas, entre ellas seis alcaldes —cinco del PP—, y el exconsejero de Justicia de Madrid Francisco Granados (que sigue preso), han entrado en una segunda fase que salpica ahora al actual número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, tal como avanzó EL PAÍS el pasado domingo. El juez Velasco investiga, entre otras cosas, si Victoria ordenó pagar con dinero público campañas de imagen en Internet para mejorar tanto su reputación como la del presidente González, según apuntan grabaciones telefónicas, testimonios y mensajes que figuran en el sumario. En un auto dictado el pasado 29 de octubre, Velasco ya apuntó que empresas adjudicatarias de la Comunidad de Madrid pagaron campañas de imagen en Internet de altos cargos del Gobierno madrileño. El instructor alude a Indra, una contrata de servicios informáticos que recibió encargos millonarios de la Comunidad a través de ICM, el organismo público que gestiona toda la informática del Gobierno regional.

El presidente de ICM desde 2012 es Salvador Victoria, por su condición de consejero de Presidencia y Justicia. Según el testimonio del entonces consejero delegado de ICM ante el juez Velasco, fue Victoria quien le llamó varias veces para que ordenase a Indra el pago de 10.000 euros a De Pedro.

Hay una grabación en la que Nicolás habla con un alto cargo de Indra y le indica que su jefe (Victoria) está “muy enfadado” por la tardanza de la multinacional en abonar ese dinero a De Pedro. Y también hay en la causa un mensaje de De Pedro a Martínez Nicolás, posterior a esa conversación, en la que el primero le muestra su satisfacción porque ya ha recibido los 10.000 euros de Indra. Para camuflar este y otros pagos han podido utilizarse facturas falsas. Esta es la razón por la que envió Velasco ayer a la Guardia Civil a ICM, para recabar todos los contratos de esta firma con la red Púnica. Los agentes de la UCO también visitaron el área de contrataciones del Gobierno regional y la sede del Departamento de Comunicación de la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Gallego, una de las tres personas con más poder tanto en el actual Gobierno de González como en el de su antecesora, Esperanza Aguirre. Según fuentes de la investigación, el sumario también salpica a Gallego.

Tras publicar EL PAÍS el pasado lunes la supuesta implicación de Victoria en la red, el número dos de la Comunidad remitió a los medios de comunicación un “desmentido tajante” de la información, que tachó de “ridícula”.

Los agentes del instituto armado se llevaron ayer todos los contratos de las firmas implicadas en Púnica con ICM. El juez no ha citado al actual hombre fuerte de González, ni tampoco a otros dos diputados de la Asamblea de Madrid sobre los que también recaen sospechas —por otras adjudicaciones a firmas sospechosas—, porque los tres son aforados y ello obligaría al instructor a inhibirse en favor de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Ponlo en duda"

J. P.

La consejera de Empleo de Madrid, Ana María Mariño, recomendó este jueves al número dos de Ignacio González, Salvador Victoria, que sembrase dudas cuando una redactora de la Ser le preguntó si se iba a querellar contra las dos personas que, en sede judicial, le señalaron como la persona que ordenó los pagos de Indra a la empresa del conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro Llorca.

En el audio de la Cadena SER, que dura solo unos segundos, la.consejera recomienda a su compañero de Gobierno: "Pon en duda que sea verdad. Ponlo en duda. Que no sabes si es verdad. Que tienes que asegurarte primero".

El empresario valenciano Alejandro de Pedro está considerado el conseguidor de la red desarticulado en una macrooperación a finales de octubre. En el auto en el que decretó su ingreso en prisión incondicional, el pasado 30 de octubre, el juez Velasco aseguraba que De Pedro es la “cabeza” de un importante entramado de tráfico de influencias independiente del dirigido por David Marjaliza, otro de los principales detenidos en la operación y socio de cuentas en Suiza del exconsejero de Madrid Francisco Granados, otrora hombre de confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre.

Sobre De Pedro, el juez señaló en un auto: “Se ha acreditado que presta servicios de reputación en Internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares”.

Velasco ha venido sosteniendo durante la instrucción que estos “trabajos” le abrían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían “la contratación en otros sectores para sí mismo o para terceros”.

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