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Jueces de la Audiencia denuncian que el Gobierno ataca su independencia

Los magistrados de la sección primera piden amparo al Consejo General del Poder Judicial

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Ampliar foto
El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Tres magistrados de la sección primera de la Audiencia Nacional han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial al ver perturbada su independencia por las declaraciones realizadas por tres dirigentes del PP, dos de ellos pertenecientes al Gobierno. Los jueces piden al Poder Judicial que intervenga para que cesen estas injerencias.

Manuela Fernández, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez fueron los tres magistrados que, el 4 de diciembre, firmaron la orden de excarcelación del etarra Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, tras aplicar una norma europea y descontar, al periodo máximo de 30 años de cumplimiento de condena en España, los diez años que pasó encerrado en cárceles francesas. Esta decisión provocó un aluvión de críticas, entre las que destacaron la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, como exponen los magistrados en su escrito de solicitud de amparo presentada al Consejo General del Poder Judicial.

“Esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia”, dijo Santamaría. “Me parece lamentable”, afirmó el ministro Fernández Díaz. “Hay una sección que está a favor de aplicar una doctrina judicial de una determinada forma que siempre es favorable a los terroristas”, declaró Hernando.

Los tres magistrados sostienen que, con sus declaraciones, los dirigentes del PP les señalaron como jueces “injustos y prevaricadores”. “Sugerir que un tribunal dicta resoluciones injustas deliberadamente para imponer su propia voluntad al margen de la ley es atribuir la comisión de un delito de prevaricación”, entienden los jueces que apelan, además, a la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de la justicia como base esencial del Estado de derecho. “La información y la emisión de opiniones sobre las decisiones de jueces y tribunales no deben minar gratuitamente esa confianza”, añaden. Por ello, piden amparo al órgano de gobierno de los jueces, presidido por Carlos Lesmes, para que cesen estas injerencias del Gobierno y el PP.

La petición de amparo se ha presentado después de que 13 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo firmaran, el pasado 18 de diciembre, un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno. En un gesto insólito, los 13 magistrados, liderados por Luciano Valera y entre los que había varios pertenecientes al sector conservador, calificaron de lamentable, en ese caso, la actitud del ministro del Interior, manifestaron su desazón y pidieron al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su solicitud de que el Gobierno “ponga coto” a estas manifestaciones.

Lesmes no quiso entrar en el fondo de la cuestión y emplazó a los magistrados a que solicitaron amparo al Poder Judicial. Ahora lo han hecho, y debería responderles.

La doctrina aplicable a los etarras sobre la norma europea ha sido objeto de discrepancias. Siete de los nueve magistrados que la semana pasada votaron en contra de que los etarras puedan acumular las penas habían dictaminado recientemente a favor de aplicar a los presos españoles el acuerdo europeo. Tres de ellos (Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y José Ramón Soriano) lo hicieron en marzo instando a la Audiencia a descontar los años de condena. Otros cuatro (José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar, Francisco Monterde y Andrés Palomo) firmaron en noviembre una sentencia en la que consideraron que el acuerdo europeo tenía "efecto directo" sobre la legislación española.

La situación ha cambiado entre aquellas resoluciones y la adoptada el pasado lunes sobre el preso Kepa Pikabea, porque el 3 de diciembre entró en vigor la norma española que transpone el acuerdo europeo y restringe la acumulación de penas. Pero al etarra se le aplicó una ley inexistente cuando recurrió al alto tribunal.

Después de estas divergencias, jueces de dos secciones de la Audiencia Nacional tienen previsto llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ley española que desarrolla el acuerdo marco por el que los presos pueden descontarse en su país los años de prisión que hubieran pasado en otro Estado de la UE. Según fuentes judiciales, jueces de las secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Penal preparan la presentación de una cuestión prejudicial que aclare sus dudas sobre la ley orgánica aprobada en España, que impide aplicar la acumulación de penas en las condenas anteriores al 15 de agosto de 2010 (fecha límite para que entrara en vigor el acuerdo europeo).

El tribunal de justicia europeo, con sede en Luxemburgo, es el único órgano que puede determinar si la norma española respeta la disposición europea. La opción de preguntar al tribunal europeo ya se planteó en noviembre en el pleno de la Audiencia Nacional que pretendía resolver cómo aplicar el convenio europeo a los etarras, pero no hubo acuerdo. La posibilidad de plantear una cuestión prejudicial también se debatió y llegó a votarse en el pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, pero fue rechazada por nueve votos a seis.

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