Borrado el vídeo del salto que acabó con la imputación de un jefe policial

"Las grabaciones ya no están disponibles". Con esas palabras, el Gobierno ha respondido a la petición del Grupo Mixto de acceder a los vídeos del salto de la valla de Melilla del pasado 13 de agosto, cuando un grupo de inmigrantes subsaharianos superó el perímetro fronterizo y fue devuelto a Marruecos, lo que provocó posteriormente la imputación del máximo responsable de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, Ambrosio Martín Villaseñor. El juez lo consideró supuesto responsable de, con esas devoluciones en caliente, derogar "de facto" los acuerdos internacionales y la normativa nacional sobre Extranjería.

El Ejecutivo alega, en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, que las imágenes se han borrado en base a la Ley 4/1997, que versa sobre videovigilancia y que establece que "las grabaciones será destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves […], con un procedimiento judicial abierto". El titular de instrucción número 2 de Melilla firmó el auto de imputación el 12 de septiembre de 2014, cuando aún no se había cumplido un mes del salto. Además, el magistrado había abierto las diligencias previas tan solo 24 horas después del suceso —el 14 de agosto—, tras presentar varias ONG el día 13 una denuncia por las devoluciones en caliente.

"Es una obstrucción clara a la Justicia", ha subrayado Jon Iñarritu, diputado de Amaiur y portavoz adjunto del Grupo Mixto, que solicitó al Gobierno los vídeos el pasado 5 de septiembre. El mismo parlamentario también pidió el 1 de septiembre las grabaciones de otro salto que sucedió el 30 de agosto, obteniendo la misma respuesta del Gobierno: "Ya no están disponibles".

Las ONG y el Gobierno mantienen una larga disputa sobre las devoluciones en caliente que se producen en la valla de Melilla, calificadas por el Ejecutivo como "rechazo en frontera" y consideradas "legales" —pese al criterio contrario de Bruselas, el Defensor del Pueblo, las ONG y un nutrido grupo de juristas—. De hecho, también a raíz de una pregunta que presentó por escrito Iñarritu, el equipo de Rajoy insistió en que estos retornos de sin papeles a Marruecos "no son un procedimiento administrativo, sino fáctico; previo a la inadmisión, la devolución y la expulsión".

En ese mismo escrito remitido al diputado de Amaiur, los representantes del Gobierno remachan: "No se trata de promover la salida de quienes han entrado ilegalmente, sino de evitar la entrada de centenares de inmigrantes que pretenden vulnerar el perímetro fronterizo en grupo, de forma ilegal y, en la mayor parte de los casos, violenta (siempre con fuerza en las cosas y muchas veces con violencia sobre las personas)". Precisamente, para estudiar el conflicto de las devoluciones en caliente, se ha trasladado hasta la ciudad autónoma el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. Este ya afirmó en noviembre, al respecto, que las devoluciones inmediatas de inmigrantes irregulares son "una práctica que ha sido condenada por el Tribunal de Estrasburgo".