El Gobierno y el PSOE pactan hacer juntos una ley contra el terrorismo

El Gobierno y el PSOE han pactado este martes elaborar conjuntamente una proposición de ley orgánica contra el terrorismo que dé un nuevo enfoque penal al yihadismo. Los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael Catalá, han acordado con una delegación socialista —encabezada por el portavoz parlamentario, Antonio Hernando— elaborar el texto en las próximas semanas para su tramitación urgente en el Congreso. El acuerdo estará abierto a otros grupos con los que se reunirán en los próximos días.

El acuerdo fue encauzado por la mañana en una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, a instancias de éste y estará abierto a otros grupos con los que se reunirán en los próximos días.

La base serán las 12 enmiendas presentadas por el PP y el pacto consiste en sacar del proyecto de ley de Código Penal que se tramita en el Congreso todo el apartado de terrorismo. La reforma ya estaba prevista antes de los atentados de París, pero ahora el Ejecutivo ha decidido impulsarla y acompañarla de un plan para combatir el terrorismo internacional o islamista.

Las enmiendas del PP suponen un cambio radical del tratamiento penal del terrorismo para hacer frente al yihadismo. Hasta ahora, ese capítulo estaba dirigido a combatir fundamentalmente a grupos organizados y, ahora, se referirá a terroristas que actúen de forma individual. Estas enmiendas sobre las que PP y PSOE trabajarán se dirigen a tipificar el reclutamiento y adiestramiento, de forma que sea posible encarcelar a quienes reciban adiestramiento en países que exportan la Yihad, como Yemen o Siria, entre otros.

Hay algún punto polémico como el que tipifica la consulta "habitual" de páginas web en las que se adiestre a terroristas. En este apartado, hay objeciones que tienen que ver con la ambigüedad de la redacción o las dificultades para investigadores o curiosos de conocer los detalles de esas páginas que son de acceso público permitido. Como se hace mediante enmiendas, no es posible obtener informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal para afinar o matizar las garantías. Fuentes de Interior explican que están dispuestos a retocar la redacción.

Inicialmente, el PP presentó sus enmiendas sin consultar con el PSOE, lo que —según el principal partido de la oposición— rompía el consenso que, de hecho, se ha mantenido en el ámbito del terrorismo en los últimos 30 años. El Gobierno rectificó y logró el acuerdo con el PSOE, que pretende extender.

Otra medida que afecta a una norma es el registro de pasajeros o PNR (Passenger Name Record), que permite guardar datos sobre los viajes de cada ciudadano. Esta medida, sobre la que ya trabajaba el Gobierno de Mariano Rajoy desde hace meses, ha sido agilizada ahora tras los atentados de París y como consecuencia de las decisiones de la UE. En este caso, el Gobierno quiere darle cobertura legal con una enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza por los críticos. "Una sencillita enmienda de tres palabras", ha dicho Jorge Fernández este martes.

Esa enmienda del PP sería incluida en el Senado dentro de esa polémica ley, que ya fue reformada para dar cobertura legal a las entregas en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla. Esa controvertida forma de legislar fue usada antes por el actual Gobierno para eliminar la justicia universal o para aforar a la familia real, entre otros asuntos clave.

La tercera ley es la de Enjuiciamiento Criminal, que se encuentra en fase de informes y que tendrá que volver al Consejo de Ministros antes de ir a las Cortes. La norma es del siglo XIX y, por tanto, el capítulo de intervención de comunicaciones está tan desfasado que no habla de móviles, mensajes de texto o Internet. El anteproyecto del Gobierno permite esos medios de investigación, claves para hacer frente al terrorismo internacional.

Ese anteproyecto tenía un punto controvertido, tachado de inconstitucional por el Poder Judicial, y que pretendía ampliar la posibilidad de intervenir comunicaciones sin orden judicial previa, que solo se permite ahora para delitos de terrorismo. Interior impuso extenderlo a otras "circunstancias graves", como la pedofilia o la pornografía infantil. Sin embargo, tras las críticas y los informes contrarios, el Gobierno asegura que está dispuesto a dar marcha atrás. Además, el Ejecutivo prepara un plan, que no requiere reformas legales, para hacer frente a este terrorismo.