Interior quiere amparar el fichero de pasajeros con la ‘ley mordaza’

El Gobierno tiene la intención de dar cobertura legal al fichero de pasajeros de líneas aéreas a través del proyecto de ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que en este momento se tramita en las Cortes, según fuentes de Interior. Ese fichero tiene por objeto hacer frente a la amenaza del terrorismo con un control de los desplazados, especialmente los que puedan viajar a países en los que se reclute o adiestre a terroristas.

 Interior ya trabaja en su puesta en marcha y la Unión Europea lo incluyó ayer entre las medidas a poner en marcha, aunque el Parlamento Europeo mostró recientemente sus reticencias por considerar que puede afectar al derecho a la intimidad. El ministro del Interior, Jorge Fernández, defendió ayer su puesta en marcha en una entrevista a EL PAÍS y, según fuentes de su departamento, la intención es darle cobertura legal inmediatamente.

Para eso, la vía elegida es la de la ley de seguridad ciudadana. Esta norma ya ha sido objeto de polémica porque, por ejemplo, establece sanciones administrativas para lo que antes eran faltas con intervención judicial. De hecho, en el Pleno del Congreso de los Diputados no tuvo más apoyo que el de los votos del PP. También es polémica porque en el trámite del Congreso Interior introdujo una enmienda como disposición final para dar cobertura de forma genérica a las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla.

Ahora Interior pretende hacer lo mismo para dar cobertura al fichero de pasajeros. Como la norma ya está en el Senado, lo haría con una enmienda del Grupo Popular que se aprobaría en febrero en la Cámara alta y, a continuación, en el Congreso. El texto que prepara Interior se refiere a la obligación de las empresas de transportes a informar, sin especificar las líneas aéreas.

Esta forma de legislar con enmiendas con leyes en trámite es reiteradamente utilizada por el Gobierno y discutida por la oposición. Por un lado, permite una aprobación inmediata pero, por otro, impide que se sometan las normas a los informes preceptivos y se elude la reflexión técnica. Fue usada, por ejemplo, para acabar con la justicia universal, para aforar a la Familia Real y en la ya mencionada legalización de las entregas en caliente de inmigrantes, entre otras. También se utilizará esa forma de legislar para establecer controles a los indultos, con la obligatoriedad de comparecer en el Congreso cada seis meses para explicar los concedidos y los denegados, a través de una enmienda del Grupo Popular al Código Penal.

El PSOE, aunque rechazó en el Parlamento Europeo la creación de ese fichero, admite su disposición a aceptar su puesta en marcha, con las necesarias cautelas y garantías.

En todo caso, el martes los socialistas mantendrán una reunión con el Gobierno para estudiar las medidas legislativas contra el terrorismo. El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, está citado por los ministros de Interior y Justicia, Jorge Fernández y Rafael Catalá, respectivamente, para intentar buscar un acuerdo.

La negociación se referirá, especialmente, a la reforma del Código Penal para hacer frente al yihadismo o terrorismo internacional

Los socialistas aseguran que no han recibido aún ningún papel concreto del Gobierno para abrir ese diálogo. Sí tienen las enmiendas que el PP presentó en el Congreso y que suponen un cambio radical en la concepción legal del derecho penal contra el terrorismo. El PSOE acepta que se regule el control de yihadistas al margen de las organizaciones o bandas armadas, pero pone algunos reparos en asuntos concretos como la tipificación de la consulta de webs que recluten o adiestren futuros terroristas.

El Gobierno, por su parte, se ampara en las recomendaciones de organismos internacionales para hacer frente a la propagación de consignas y preparación de atentados terroristas.

En todo caso, esa negociación debe hacerse con especial celeridad porque el PP quiere que la reforma del Código Penal se apruebe entre el jueves y viernes próximo en la Comisión de Justicia del Congreso y el día 20 en el pleno de la Cámara baja. No obstante, según los precedentes citados, no es descartable que Interior pueda usar ese proyecto de ley para introducir nuevas medidas contra el terrorismo internacional.