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España trabaja desde hace 13 meses en el superfichero de viajeros

El coste del sistema informático es de 4,3 millones, sufragados al 90% por la CE

España trabaja desde hace 13 meses en el superfichero de viajeros

El Ministerio del Interior está trabajando desde hace 13 meses en la implantación de un macrofichero informático en que se guardarán numerosos datos de todos las personas que viajen en avión. La finalidad de este enorme Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) es poder detectar a tiempo los desplazamientos de yihadistas hacia zonas de combate o bien el retorno de estos terroristas a Europa.

Estados Unidos, Canadá y Australia ya utilizan este tipo de información en prevención de ataques. Ahora, España y otros 14 países europeos han decidido implantar esta enorme red de información, a pesar de que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) rechazó en abril de 2013 su creación por entender que vulnera la directiva sobre protección de datos de personales de la UE. No obstante, la Comisión Europea ha destinado 50 millones de euros a la financiación de estos sistemas, con cargo a los presupuestos destinados a la prevención y lucha contra la delincuencia.

La policía española solicitó acogerse a ese programa de ayuda para poner en marcha esa red informática y consiguió una subvención europea de cuatro millones de euros. Esa cantidad supone la casi totalidad de los 4,3 millones de euros que conlleva establecer ese sistema.

En la actualidad ya existe un fichero denominado API (Información Anticipada de Viajeros) en el que consta el nombre completo (tal como aparece en el pasaporte) del pasajero de un vuelo, su fecha de nacimiento, su sexo, su nacionalidad, su número de pasaporte, la fecha de caducidad del mismo y el país que lo emitió, así como el país de residencia del titular.

En el archivo que pretenden crear España y otros 14 países europeos, son muchos más los datos que deberán incluirse. Así, deberán figurar la fecha de reserva del vuelo; la fecha de viaje previstas; la dirección, el número de teléfono y el correo electrónico; la forma en que pagó el billete (en efectivo o con tarjeta de crédito); si lleva equipaje o no; el itinerario completo que planea realizar el pasajero; si esta persona realiza frecuentes viajes en avión; con qué agencia tramitó sus pasajes; datos sobre el embarque del pasajero; cancelación del viaje; número de asiento que va a ocupar en el avión; detalle de si el interesado va solo o acompañado; detalle sobre el número de acompañantes y la identidad de estos, etcétera. Es decir, un cúmulo de datos muy superior a los que hoy tienen acceso los servicios policiales.

El actual fichero API (Información Anticipada de Viajeros) únicamente sirve a efectos de controlar la llegada de viajeros de avión a su aeropuerto de destino.

El Gobierno español y otros están actualmente “muy preocupados” por los varios miles de europeos que se han trasladado a Siria para unirse como combatientes a la sanguinaria organización terrorista del Estado Islámico o DAESH (las siglas en árabe de su antigua denominación de Estado Islámico de Irak y Levante).

Fuentes de Interior recalcan que también la ONU se ha pronunciado sobre la necesidad de emplear todas las medidas legales disponibles para mejorar la eficacia en la lucha contra los islamistas.

La Resolución del Consejo de Seguridad 2178, dictada en 2014, alienta a los Estados miembros a emplear procedimientos para el control de pasajeros, sin recurrir a perfiles basados en estereotipos que suponen discriminación y que están prohibidos por el derecho internacional.

Los “indicadores de riesgo” que se harían constar en el fichero no serían referidos a la etnia o el aspecto del pasajero, sino a datos objetivos sobre si viaja solo; si no lleva equipaje y si se dirige a un determinado país haciendo un itinerario inhabitual.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior parlamentaria se opuso a la creación del registro de pasajeros de líneas aéreas al considerar que podría vulnerar algunos derechos fundamentales de las personas. Así lo estimaban los eurodiputados socialistas, liberales, verdes y de Izquierda Unitaria. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se opuso el pasado viernes a la creación de este fichero.

 

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