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Cae la mayor trama de tráfico ilícito de medicamentos

La Guardia Civil detiene a 49 personas, 12 de ellas farmacéuticos, por toda España

Una asociación madrileña de padres de niños con cáncer dio la voz de alarma: las familias no encontraban en las farmacias mercaptopurina, un medicamento para tratar la leucemia infantil. Denunciaron, y el resultado de la investigación que inició la Guardia Civil se conoció este viernes: 49 detenidos de la hasta ahora la mayor red de tráfico ilegal de medicamentos desarticulada en España. La operación Noisa ha incluido también registros en farmacias y en seis almacenes por toda España: tres en Madrid y los otros en Barcelona, A Coruña y Lugo.

Los detenidos formaban parte de una trama que se dedicaba a lo que se conoce como “comercio inverso de medicamentos”. Es un mercado paralelo que consiste en comprar a las oficinas de farmacia, que por ley solo pueden dispensar medicamentos al público, grandes cantidades de envases, para después venderlos en el extranjero a un precio superior. Como ejemplo de los márgenes de beneficio, el coronel de la Guardia Civil Rubén Valero explicó en rueda de prensa que un envase de mercaptopurina cuesta en España, donde los fármacos tienen un precio máximo fijado, poco más de 6 euros, mientras que en otros países alcanza los 50 euros. La red llegó a mover 40 millones de euros, según los investigadores.

Los medicamentos que la red vendía a mayoristas extranjeros llegaban a farmacias de Holanda, Dinamarca, Bélgica y Reino Unido, donde pasaban previamente por un reetiquetado.

Se trata en general de compuestos sin alternativa terapéutica y con una elevada demanda, como inmunosupresores para pacientes trasplantados, anticancerígenos o anticonvulsivos. Un “hecho gravísimo”, aseguró Valero, porque el comercio de la red dejó sin su medicación, entre otros, a niños con cáncer. Las familias recurrieron a la Consejería de Sanidad madrileña, que les facilitó los envases a través de los hospitales.

Esta es la tercera gran operación contra las redes de tráfico de medicamentos en España en el último año, y la de mayor entidad por el número de detenidos. El presunto líder de la red es Carlos Iván López López, un hombre de 67 años al que la Guardia Civil atribuye más de 150 propiedades y que figura como dueño de varias de las 40 empresas que utilizaba la trama para blanquear el dinero y colocarlo en el extranjero. Una de sus propiedades es una casa valorada en ocho millones de euros. López fue detenido a principios del mes de noviembre en A Coruña, junto con sus dos hijos, Javier y Noa López Domínguez. Los investigadores creen que el cabecilla lleva realizando este tipo de exportación ilegal desde 1991. Se les imputan delitos contra la salud pública, falsedad documental, organización criminal y blanqueo de dinero.

La trama estaba “perfectamente estructurada” y operaba por toda España, según la Guardia Civil. La hija de López se encargaba de controlar el negocio desde Galicia, y el hijo, desde Barcelona. Contaban con una serie de farmacias —unas 60— que encargaban fármacos a las distribuidoras del sector y después se los vendían. En ocasiones, lo que recibían a cambio los farmacéuticos era una comisión; en otras, los cabecillas de la trama tenían pleno control de la gestión de las farmacias. Lo conseguían, según fuentes cercanas a la investigación, ofreciéndose a llevar el negocio ellos mismos y pagando un sueldo suculento a los titulares, que se limitaban a atender a los clientes. Valero aseguró que entre los mayoristas implicados hay distribuidoras ilegales, pero también legales.

El comercio inverso de medicamentos es una infracción administrativa para las farmacias que como mucho acaba en sanción, no un delito. Los beneficios compensaban las posibles multas por vender sin receta —o por falsificarlas— o por aplicar un tipo distinto de IVA. De ahí que en muchos casos, tal y como reconoció el coronel Valero, los detenidos no eran conscientes de la ilegalidad. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente de Sanidad, ha pedido al Ministerio de Justicia que modifique el Código Penal para introducir un tipo delictivo que se aplique a los miembros de las redes de exportación ilegal de medicamentos.

La Aemps pretende que sea más fácil atribuir un delito contra la salud pública a estas redes: no se trata solo de desabastecer de un fármaco, sino también del transporte, almacenamiento y manipulación en condiciones inadecuadas, lo que puede alterar su calidad. Fuentes de la investigación explicaron que durante los seguimientos descubrieron cómo la red dirigida desde Galicia mantenía en almacenes los fármacos preparados para exportar durante días a altas temperaturas. El objetivo de esta modificación es pasar de las sanciones administrativas —la Generalitat catalana multó el año pasado a 40 farmacias— a la vía penal y tratar a estas redes como organizaciones criminales que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos.

La Guardia Civil ha investigado en los últimos años a centenares de farmacias en toda España por sacar medicamentos del circuito legal, así como a almacenes y distribuidoras. Una de las operaciones más importantes, llamada Caduceo, se dio a conocer en julio: se destapó una red de venta ilegal en la que estaban involucradas 50 farmacias de ocho regiones. La operación Convector, conocida en octubre y que investiga un juzgado de Teruel, implica a cinco mayoristas de distribución y más de 200 farmacias.

Un mercado muy regulado

Emilio de Benito

El mercado farmacéutico es de los más regulados. No solo por su importancia para la salud pública, sino por su impacto en las cuentas de la Administración, que es el principal cliente (gasta unos 16.000 millones al año en fármacos). Esta situación de fuerza en el comprador hace que cada precio se negocie entre los laboratorios y el Ministerio de Sanidad, y que se fije un máximo para cada uno.

Todo está establecido: lo que se paga al fabricante, el margen del distribuidor, el de la farmacia y, por supuesto, los impuestos. En total, lo que el laboratorio vende a 100 llega al consumidor a 156,2.

Pero eso no quiere decir que una fábrica de medicamentos española venda todas las cajas del mismo producto al mismo precio. Una cosa es el fijado por el Estado para las compras dentro del país, y otra lo que se cobra a los distribuidores cuando se va a exportar. El motivo es que un laboratorio no quiere hacerse la competencia a sí mismo. La diferencia del precio de un fármaco entre países de la UE —donde hay libertad de circulaciónde mercancías— puede ser de 1 a 20. Y los importes en España suelen estar en la parte baja de la horquilla. Por eso un laboratorio puede cobrarle al distribuidor 10 euros por la caja de un fármaco que va a ser vendido a farmacias españolas, pero 40 si lo va a exportar.

Así evitan que su fábrica española, que vende a 10, compita con la francesa, que lo hace a 30. El comercio inverso se aprovecha de esa diferencia de precios entre países para hacer negocio. Una distribuidora que compra a 10 tiene que vender en España a 10,6. Pero si desvía ese producto y lo envía a Alemania puede ingresar 30, por ejemplo.

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