La juez reclama el informe secreto del accidente de un F-5 en Badajoz

¿Pueden existir dos informes oficiales sobre un mismo accidente aéreo: uno para conocimiento de la justicia y la opinión pública, ambiguo sobre las causas del siniestro; y otro, categórico en sus conclusiones, destinado a permanecer en secreto?

La titular del juzgado togado militar territorial número 12, Patricia Moncada, que instruye el sumario abierto a raíz de que un caza F-5 se estrellase el 2 de noviembre de 2012 en la base de Talavera la Real (Badajoz), cree que no. Y por eso ha reclamado que se le entregue este último.

La petición partió del abogado del alférez-alumno Sergio Santamaría, que quedó parapléjico en el siniestro —en el que perdió la vida el comandante instructor Ángel Álvarez Raigada—, después de que el jefe de la base, el coronel Ángel Fernández de Andrés, dijese a los periodistas, el pasado 10 de julio, que las causas del accidente fueron “múltiples”, pero que el informe de seguridad en vuelo descartó que se debiese a una negligencia.

Es más de lo que ha podido averiguar la juez en los 26 meses que lleva investigando y mucho más de lo que concluyó el informe de la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAM), el único remitido al juzgado.

La juez pidió el informe de seguridad en vuelo al Estado Mayor del Ejército del Aire, que se lo negó alegando que está clasificado como secreto por un acuerdo de Consejo de Ministros de 1986. En coherencia, el abogado del alférez advirtió de la posible comisión de un delito de revelación de secretos por parte del coronel de Talavera, pero la denuncia ha sido archivada de plano, a propuesta del fiscal.

A demanda de la acusación particular, la juez ha pedido que al menos se desclasifique el informe, para que la justicia tenga acceso a los mismos datos que los mandos militares. Pero su demanda ha tropezado con la oposición del Abogado del Estado, quien ha recurrido al Tribunal Militar Territorial con el argumento de que la investigación de seguridad tiene como objetivo evitar futuros accidentes y “no depurar responsabilidades” y que las personas que han colaborado en la misma lo han hecho pensado que “esa información se suministraba al margen de procedimientos sancionadores” y que de sus declaraciones no se derivaría ninguna responsabilidad “por hecho propios o ajenos”. En su opinión, facilitar este informe a la justicia vulneraría “el principio de buena fe”. También el fiscal se opone a que se desclasifique, alegando que ya hay otros informes en el sumario y este no resulta necesario.

Pero la juez recuerda que aún no se ha logrado aclarar la causa de un accidente con consecuencias graves y advierte de que no puede dejarse en el aire la duda de que se oculte un informe “en el que se haría constar la verdad objetiva de lo sucedido”, mientras que la justicia sólo dispondría “de una verdad oficial no coincidente con aquella”. En definitiva, privar de todo aquello que sirva para confirmar o descartar si se produjo una negligencia “vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva”.