Los partidos prohíben que los bancos les condonen las deudas
Los grupos alcanzan un principio de acuerdo sobre financiación
El final no está escrito ni tampoco cuántos grupos políticos votarán con el PP, pero después de tres reuniones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios sí hay acuerdo en restringirse privilegios que hasta ahora tenían. Así se pondrá de manifiesto en las leyes de control financiero de los partidos, estatuto de altos cargos y otras tres que se modificarán para achicar el espacio a las posibilidades de corrupción. Pero no solo, también que se ponen restricciones a beneficios existentes hasta ahora. Las fuentes consultadas de la oposición coinciden en que todos están de acuerdo en prohibir la condonación de deudas de los partidos por parte de las entidades financieras como ha ocurrido a lo largo de la historia de la democracia recuperada. Por otro lado, los portavoces se han reducido a la mitad las cantidades de las donaciones privadas que pueden recibir: de 100.000 euros al año a 50.0000.
Definitivamente, las empresas no podrán hacer donación alguna a los partidos políticos. “Hay un acuerdo general sobre rendición de cuentas y control de las mismas, así como de medidas relacionadas con la ejemplaridad”, dijo a este periódico el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que junto al portavoz del partido, Carlos Floriano, y el diputado José Antonio Vera negocian este paquete de leyes que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presentó en el Congreso el pasado 27 de noviembre.
Las donaciones solo las podrán hacer los afiliados porque desaparecerá de la legislación la figura de militantes y simpatizantes ya que detrás de esas denominaciones podría haber donaciones encubiertas. Estas serán, además, nominales y serán publicadas a partir de los 10.000 euros. Cuando la ley salió del Consejo de Ministros la cantidad era de 25.000 y solo a partir de ahí los donantes tendrían que dar su nombre.
Los espacios para la corrupción y la ausencia de transparencia se acortan. Los responsables financieros de los partidos tendrán que dar cuenta de su gestión al Parlamento. La financiación ilegal de partidos entrará en el Código Penal, algo que los grupos no habían hecho durante estas tres décadas largas de democracia.
Los plazos de prescripción de estos delitos se aumentarán de manera que si se descubre una ilegalidad la redención no se produzca hasta un tiempo muy dilatado. El trasvase de dinero de las fundaciones a los partidos también será vetado que era otra forma de financiación irregular.
Suspendido de militancia cuando se abra juicio oral
El debate está zanjado. Por ley, un militante de un partido será suspendido temporalmente de militancia cuando se abra juicio oral por una causa en la que, en caso de condena, el afectado sería inhabilitado para ejercer como cargo público. La expulsión definitiva será fulminante si el afiliado de un partido es condenado por delito doloso. Así debe figurar en los estatutos de todos los partidos políticos, según acordaron ayer los portavoces de todos los grupos parlamentarios que participan en la elaboración de estas leyes, entre los que están Jordi Jané de CiU; Aitor Esteban, portavoz del PNV; Ricardo Sixto, de Izquierda Plural y Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, aunque ayer no puso asistir a esta reunión. Del PSOE acuden Antonio Pradas, responsable de Política Federal y el diputado José Enrique Serrano.
Nada de lo que se está tratando es ajeno a los representantes socialistas ya que ellos y responsables del Gobierno y del PP avanzaron en la negociación de estos temas. Pero se levantaron de la mesa de negociación. Fue una decisión política después de que a principios del otoño y mientras se desarrollaban sus conversaciones, el juez Pablo Ruz sacaba a la luz nuevos autos con la acusación al PP de financiación ilegal.
No habrá pacto formal, pero todos los grupos votarán muchos de los artículos de las nueves leyes; entre otras cosas porque han colaborado en su redacción e incluso en su paternidad.
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