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Denuncia contra la cúpula de la empresa que explotaba Castor

La fiscalía de Castellón acusa también a tres directores generales del Gobierno de Zapatero

Imagen de la plataforma de inyección del proyecto Castor.
Imagen de la plataforma de inyección del proyecto Castor. EFE

La denuncia que ha elaborado la Fiscalía de Castellón por el fiasco del almacén submarino Castor, que desencadenó más de 500 microseísmos durante la fase primera de inyección de gas natural, se centra principalmente en la génesis de este proyecto. La mayoría de autorizaciones se concedieron durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aunque algún trámite se completó ya en la actual legislatura del PP. La empresa encargada del proyecto ha recibido una indemnización de 1.350 millones por la paralización del almacén.

La denuncia de la Fiscalía de Castellón aprecia presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente. Y va dirigida contra el presidente (Recaredo del Potro) y el consejo de administración de la empresa que ejecutaba el proyecto: Escal UGS, que está formada por ACS (66,7% del accionariado) y la canadiense CLP (33,3%). La empresa ha rechazado este martes hacer declaraciones ya que, según ha señalado un portavoz, aún desconoce el contenido de la denuncia.

En la parte administrativa, el fiscal acusa a cinco miembros y exmiembros de los ministerios de Medio Ambiente y de Industria "que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación de tal proyecto", según ha detallado el ministerio público. En el escrito figuran dos directores generales del Ministerio Industria del anterior Ejecutivo del PSOE. También, una ex directora general de Medio Ambiente.

El fiscal, además, responsabiliza a cuatro miembros del Instituto Geológico y Minero (IGME), encargado de los informes técnicos durante la fase de evaluación del proyecto, que recibió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable en 2009.

La Fiscalía de Castellón comenzó a investigar este asunto el 3 de octubre de 2013, una semana después de que el actual Gobierno ordenara la paralización de la actividad de la plataforma por los microseísmos que se desencadenaron tras la inyección del gas colchón. Pero no concluyó sus pesquisas hasta el 4 de octubre de este año, un día después de que el Consejo de Ministros aprobara la multimillonaria indemnización a Escal UGS en aplicación de una cláusula aprobada por el anterior Ministerio de Industria. Finalmente, tras recibir el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, la denuncia se presentará en los próximos días en los juzgados de Vinaròs.

Para el ministerio público los problemas se centran en la fase de tramitación de la concesión que recibió Escal UGS para este almacén, considerado por el anterior Gobierno y por el actual una reserva estratégica de gas natural. En la Declaración de Impacto Ambiental favorable no se incluyeron salvedades sobre el peligro sísmico. Durante la fase previa de la tramitación, el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación, apuntó a la necesidad de tener en cuenta el riesgo sísmico. El anterior ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, apuntó precisamente a este asunto cuando surgió la polémica: "La DIA no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos", dijo.

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