Ovejas por libros

El día que Daniel Megía (22 años) vio que había suspendido una de las dos asignaturas que le quedaban para terminar la carrera de Derecho (más el proyecto de fin de carrera), entró en pánico. No fue capaz de presentarse al otro examen que le quedaba. Un curso antes había perdido la beca (también arrastró dos materias pendientes, el 20% del curso) y sabía que sus padres no podrían sostenerlo un año más viviendo en Alcalá de Henares, pagando además la matrícula y sin ayudas, porque su hermana pequeña se disponía a empezar Historia. Ella llega a la universidad con beca, “y no tenía la culpa” de que él hubiese perdido la suya, así que Daniel decidió volverse al pueblo (Illana, en Guadalajara) a trabajar con su padre, pastor. Ahora intenta ahorrar para retomar los libros.

El debate sobre las becas universitarias tiene dos patas: la cantidad total de dinero que se destina y cómo se reparte, esto es: ¿quién debería tener beca? Ambos se mezclan desde que el Ministerio de Educación decidió cambiar el sistema de reparto porque “era insostenible”, según explicó el departamento. Como no había dinero suficiente para el creciente número de alumnos con derecho a ayuda, se endurecieron los requisitos en 2012 y 2013 (el número mínimo de aprobados) para obtenerla. Además, el año pasado se cambió el sistema de reparto de ayudas: la cuantía final dependerá del presupuesto disponible, que en años anteriores se estaba sobrepasando sistemáticamente.

El ministerio —que ha rechazado por tercera vez participar en esta serie de reportajes— también ha defendido públicamente completar el sistema de becas con el de préstamos. Han mencionado específicamente el modelo inglés: las tasas son muy altas (más de 10.000 euros), pero estos préstamos a buenas condiciones se devuelven a 30 años, después de terminar la carrera, y no se tienen que pagar si no se alcanza un nivel mínimo de ingresos. Unos préstamos similares existían en España para estudiar másteres, pero el actual Gobierno los eliminó por falta de presupuesto. Además, en Inglaterra están aumentando las voces contra este modelo, pues temen que acabe costando mucho más a todos los contribuyentes, que tendrán que hacer frente a una deuda gigantesca si muchos titulados no pueden pagar en el futuro.

En todo caso, Educación también vinculó unos requisitos más duros para obtener ayuda, con la idea de reclamar a los becados un esfuerzo “equivalente al que reciben de la sociedad”, mayor en estos tiempos de crisis. “En realidad, el esfuerzo se hace con todos los universitarios de la pública, cuyos estudios están subvencionados en su mayor parte, no solo con los becados”, dice el catedrático de Sociología de la Complutense Rafael Feito.

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, respondió el año pasado a este argumento: a los no becarios, dijo, también se les exige, pues cada vez que suspenden tienen que pagar más y, a partir de la cuarta matrícula tienen que pagar el coste completo de la asignatura, sin subvención. “Desde luego, si tienes dinero puedes suspender mucho más”, contesta Feito.

A la hora de pedir más corresponsabilidad por el dinero público gastado, a los expertos Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez les parece más eficaz pedírselo a todos, no solo a los becarios. Esto es, endureciendo el mínimo que hay que aprobar cada año para poder seguir en la carrera. Si se les pidiera a todos lo que se les exigía a los becarios en 2011 para mantener la ayuda, habría un ahorro a medio plazo de “900 millones de euros al año”, aseguran en un reciente estudio.