El juez Ruz propone juzgar a 11 personas por el ‘caso Pretoria’

Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, hombres de la máxima confianza del expresidente catalán Jordi Pujol, amasaron 14,98 millones y 6,08 millones de euros respectivamente entre los años 2000 y 2009 en parte con operaciones urbanísticas irregulares en el área metropolitana de Barcelona. Así lo reflejó ayer el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el auto —resolución razonada— por el que da por concluida la investigación del caso Pretoria, la trama de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales destapada en 2009. El magistrado acusa también al exparlamentario del PSC Luis Andrés García Sáez, Luigi, y al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartolomé Muñoz de obtener unas ganancias ilícitas de 5,88 y 1,72 millones de euros con la trama corrupta.

Ruz emitió ayer el auto por el que propone juzgar a los 11 imputados que han quedado en la trama. El magistrado detalla tres operaciones urbanísticas en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, en las que el ex diputado autonómico socialista Luis Andrés García Saéz medió para comprar terrenos municipales, obtener su recalificación urbanística y venderlos posteriormente a un precio superior, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. Según Ruz, los cargos públicos obtenían por sus gestiones “cuantiosas comisiones”, que se ocultaron al fisco a través de entramados societarios en paraísos fiscales.

En Santa Coloma de Gramanet, la “estrecha relación” de Luigi con el alcalde Muñoz y con el concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, permitió al conseguidor “manipular” el concurso público la adjudicación” de unos terrenos municipales para la construcción de un centro comercial. Los terrenos fueron vendidos al constructor Josep Singla, también imputado. Este empresario vendió las parcelas a unos intermediarios con los que había acordado la operación antes de que se convocara el concurso y con el compromiso de que las fincas iban a ser reclasificadas para reducir su porcentaje de uso comercial y aumentar el destinado a vivienda libre, más rentable. El alcalde Bartolomé Muñoz cobró una comisión de 1,72 millones de euros en 2007 por esta operación.

La segunda recalificación, en Sant Andreu de Llavaneres, también contó con la intermediación de Luigi. Este se apoyó en la influencia de Lluís Prenafeta —secretario general de Presidencia y mano derecha de Pujol— y Macià Alavedra —exconsejero de Economía— para lograr la recalificación de los terrenos, que previamente había adquirido a través de una sociedad instrumental. Luigi obtuvo un beneficio de 912.000 euros y Prenafeta y Alavedra, una comisión de 150.000 euros cada uno, según Ruz.

La tercera operación consistió en la transmisión de unos terrenos públicos en la zona en la que se iba a construir el puerto de Badalona, y que eran propiedad del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La firma adjudicataria abonó a Luis García comisiones por 2,3 millones de euros entre 2003 y 2005, según el auto.

El magistrado relata que, entre 1997 y 2009, Prenafeta “con la indispensable colaboración de su esposa, María Luisa Mas”; y Alavedra, con la ayuda de su fallecida esposa, Doris Malfeito, y de otras dos personas, “obtuvieron cuantiosas ganancias de procedencia desconocida” que ocultaron en “entidades domiciliadas en paraísos fiscales” y en “cuentas bancarias en Suiza y Andorra”. Alavedra, exconsejero de Economía con Pujol, obtuvo 6,08 millones, en parte por sus labores de intermediación en adjudicaciones públicas. Todo el dinero fue ocultado a la Hacienda Pública, aunque lo regularizó una vez abierto el procedimiento penal contra él.

Por su parte, Prenafeta, ex secretario general de Presidencia, obtuvo 14,98 millones por intermediaciones en adjudicaciones públicas y gestiones privadas. Entre 2000 y 2003 defraudó al fisco 5,19 millones de euros, aunque los delitos fiscales derivados de estas irregularidades han prescrito, según Ruz.

Alavedra y Prenafeta permanecieron en prisión provisional entre el 27 de octubre y el 8 de diciembre de 2009, cuando depositaron el millón de euros de fianza que les impuso el entonces juez instructor del caso, Baltasar Garzón, para eludir la cárcel.

El conseguidor Luis García Sáez ocultó sus 5,88 millones de procedencia ilícita mediante la compra de bienes inmuebles, artículos de lujo y obras de arte.

La investigación judicial del caso Pretoria ha requerido de la cooperación de seis países (Suiza, Andorra, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal y Reino Unido). También se han recabado un total de 11 informes de peritos de la Agencia Tributaria en los que se analiza la documentación bancaria facilitada por aquellos países y se determinan las cuotas tributarias dejadas de ingresar por Alavedra y Prenafeta. El magistrado Ruz ha dado 10 días a las partes para que remitan sus escritos de calificación y pidan la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.