Los jueces de Canarias rechazan suspender las prospecciones

El Gobierno canario —Coalición Canaria y PSOE— ha vuelto a fracasar en los tribunales en su oposición a las prospecciones que Repsol acomete ya a unos 50 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura en busca de hidrocarburos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado paralizar los sondeos, una medida cautelar que había solicitado el Ejecutivo de Paulino Rivero. Los magistrados niegan esa suspensión y aprecian que "el procedimiento" seguido por el Gobierno central para conceder los permisos "ha sido conforme a derecho".

Entre otros argumentos, la Administración canaria —que ya intentó sin éxito frenar en el Supremo las prospecciones— alertaba de los riesgos para el sector turístico, "eje principal de la economía" de las islas. Pero los magistrados creen que ese peligro "resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe". El TSJC también minimiza las posibles afecciones sobre la pesca, las aguas, los puertos y las distintas especies que, según el Gobierno canario, no se habrían tenido en cuenta durante la tramitación ambiental. Los jueces restan importancia a los informes aportados por la Administración regional: "Las conclusiones de tales informes o se basan en daños hipotéticos o parecen más orientados a la explotación petrolífera continuada en Canarias que a un sondeo de duración limitado a un máximo de 180 días".

El Ejecutivo autónomo había alertado también de que parte de la zona en la que se han autorizado los sondeos está en trámites para ser declarada Lugar de Importancia Comunitaria, con lo que entraría a formar parte de la red Natura 2000, el sistema europeo de protección de las áreas de interés medioambiental. Pero el TSJC, además de recordar que esta protección aún no se ha aprobado, afirma que "la inclusión de un espacio en la red Natura 2000 no excluye, a priori, su explotación económica en el futuro".

El auto en el que se rechazan las medidas cautelares lo apoyan cinco de los seis magistrados de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife.

El juez Luis Helmut Moya, sin embargo, no comparte los argumentos de sus compañeros y alerta en un voto particular de que "los valores medioambientales serán seriamente puestos en peligro durante la ejecución de los sondeos de Repsol". "No puede argumentarse con un mínimo de rigor que estos valores resulten garantizados por el establecimiento de una garantía financiera" de 20 millones de euros, afirma este magistrado. "En el caso de un derrame de crudo el coste de la limpieza de la costa que pudiera ser afectada y el valor de los daños materiales que se causaran sería inmensamente superior", añade.

A este voto particular se ha agarrado este martes el PSOE. El portavoz de los socialistas en el Parlamento canario, Manuel Fajardo, ha recomendado la lectura del pronunciamiento de este juez. Sin embargo, ha reconocido que el rechazo a la paralización de los sondeos es "un revés" para el Gobierno autónomo.

Su presidente, Paulino Rivero (CC), ha insistido en comparar la actitud del Gobierno central en el caso de Canarias, donde se ha dado el visto bueno a los sondeos, y en otras zonas del Mediterráneo, donde ya se han frenado algunos proyectos de prospección. En su opinión, supone una "clara arbitrariedad" que vulnera la Constitución. Su Ejecutivo ha anunciado que estudia emprender acciones legales por la vía penal contra responsables políticos y funcionarios de la Administración central.

Por su parte, Repsol ha interpretado que el auto del TSJC supone que el proyecto "cuenta con todas las garantías y protecciones en materia de seguridad y respeto medioambiental".

El Tribunal Supremo ya respaldó en junio el real decreto de 2012 del Gobierno que daba amparo legal a las prospecciones de Repsol. Los magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso rechazaron los argumentos contra la exploración presentados por el Gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, la Fundación César Manrique, Izquierda Unida y las organizaciones Ecologistas en Acción y WWF. En total, se presentaron siete recursos contra el real decreto de 2012 que ha permitido a Repsol comenzar con los sondeos, unos trabajos que comenzaron hace dos meses. Todos fueron rechazados por los magistrados del Supremo.

Pese a este respaldo del Supremo, el Gobierno canario ha querido seguir litigando contra las prospecciones. Y esta vez ha acudido al TSJC. El 30 de octubre presentó un recurso ante los magistrados del tribunal canario en el que se alertaba de los daños medioambientales que las prospecciones pueden desencadenar. En ese escrito se pedía que, como medida cautelar, se suspendiera la autorización final que el Ministerio de Industria concedió el 11 de agosto a Repsol, que ha permitido a la compañía comenzar los sondeos en busca de hidrocarburos. Antes de acudir al TSJA, el Gobierno canario -al igual que Greenpeace y WWF- presentaron un recurso de alzada ante el departamento del ministro José Manuel Soria, que fue rechazado.

La batalla por las prospecciones entre el Gobierno canario y el central lleva tiempo ya judicializada. El Estado recurrió a su vez ante el Constitucional la consulta que el Ejecutivo insular pretendía realizar sobre este asunto el 23 de noviembre. El alto tribunal admitió el recurso del Gobierno central, lo que implicó la suspensión cautelar de la consulta. Ante esta paralización temporal, el Ejecutivo autónomo -de Coalición Canaria y PSOE- encargó a las dos universidades públicas de las islas la elaboración de una encuesta para conocer la opinión de la población sobre este proyecto. Y la conclusión de este sondeo fue que el 75% de los consultados rechazan los sondeos.