Consagrado el Parot 2

El Gobierno incumplió ayer su lema de no pronunciarse sobre asuntos judiciales. Su intromisión al máximo nivel, el Consejo de Ministros, en una decisión judicial ha consagrado el caso Parot 2. En marzo, el Tribunal Supremo sentenció que la pena cumplida por los presos etarras en Francia se descontara de su condena en España. Fue la respuesta a una demanda del arrepentido, Joseba Urrusolo, en aplicación de la decisión marco de la UE de 2008, por la que los socios comunitarios no pueden obviar las condenas cumplidas por un preso en otro país de la Unión. El ponente fue Miguel Colmenero, un magistrado profesional y libre de sospechas izquierdistas.

Tras esta sentencia, decenas de presos de ETA, con cumplimientos de pena, la mayoría superiores a los 20 años, presentaron demandas. Ante ello, el PP aprovechó la tramitación de la ley de reconocimiento mutuo en las Cortes, que transponía la decisión marco europea, para enmendarla, con el consiguiente choque con el Supremo. La ley entró en vigor el miércoles. Pero el viernes anterior, la Audiencia Nacional estudió cinco demandas de presos etarras y mientras la sala primera seguía la norma europea, la segunda optó por la enmienda española.

Uno de los beneficiados de la sala primera fue Santi Potros, condenado por el atentado de Hipercor, con 27 años cumplidos de cárcel y fuera de una banda cesada definitivamente. Su excarcelación ha exacerbado a algunas asociaciones de víctimas —conviene recordar que no todas piensan igual— y a parte del electorado conservador que acusan al Gobierno de complacencia con los terroristas. Estamos ante un Parot 2. El Gobierno, acosado y con elecciones cerca, ha preferido presionar a la judicatura —el Supremo unificará doctrina el 16 de diciembre, ante el cisma en la Audiencia— a hacer pedagogía y recordar que la ley está por encima de todos y que la venganza no debe sustituir a la justicia.