La oposición pide más medios para agilizar la justicia

Los grupos de la oposición consideran que sin más medios materiales y, sobre todo, humanos, será imposible lograr la agilización de la justicia que pretende el Gobierno. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, como adelantó este jueves EL PAÍS y confirmó el ministro Rafael Catalá, limitará a seis meses prorrogables a 18 los plazos para la instrucción de sumarios.

Para la portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Rosa Aguilar, este propósito quedará en nada si no va acompañado de “un esfuerzo presupuestario y, sobre todo, de la creación de nuevas plazas de jueves”. Aguilar recordó que “el anterior ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, hizo un ERE en la Justicia que supuso acabar con 1.000 jueces que dictaban el 30% de las sentencias y, según datos del Poder Judicial, el 43,5% de los juzgados (unos 1.695) tiene en este momento una carga de trabajo superior al 150% de lo previsto”.

Según la socialista, esa sobrecarga no se soluciona solo con buenos propósitos. “Estamos dispuestos a hablar de acortar plazos, de proteger derechos fundamentales, pero no podemos crear frustración entre los ciudadanos y el Gobierno debe acompañar esas medidas de la dotación de más medios personales y materiales”. Aguilar subrayó que el anterior Gobierno del PSOE dejó hecho un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal solo a falta de su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo del PP quiso empezar de cero. “La conclusión es que se han perdido tres años para llevar a cabo esta reforma necesaria”.

Izquierda Unida rechazó con contundencia la medida al vincularla con la investigación de casos de corrupción. El diputado y portavoz del Grupo de la Izquierda Plural en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, considera que limitar a seis meses la instrucción llevaría a “garantizar la impunidad en las causas complejas del cuello blanco y la corrupción” que no puedan resolverse en ese tiempo.

Rosa Díez también criticó sin matices el anteproyecto. La portavoz de UPyD cree que con la reforma que impulsa Catalá se dejarían de investigar muchos casos. “Un ejemplo práctico: si se hubiese aplicado el nuevo plazo de seis meses para investigar, no habríamos descubierto lo de Bankia”, señaló. El PNV, sin desdeñar la medida, cree que resultará inútil su aplicación si no se refuerzan los medios con los que puedan contar los jueces.

La única formación que aplaude la iniciativa es el PP. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, aseguró que está dirigida a que “la instrucción de los casos de corrupción sea más rápida, porque una instrucción que se alarga puede transmitir una imagen de impunidad para los culpables y de culpabilidad para los inocentes”. “Los ciudadanos reclamaban que la justicia no tenga demoras, porque una justicia demorada es una justicia fracasada. Se trata de que no haya demora, que la justicia siempre triunfe”, opinó el dirigente popular, que en cualquier caso considera que la posibilidad de prórroga de la instrucción a los 18 meses es una de las claves de la reforma.