Los jueces proponen 13 medidas contra la violencia machista

El Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que preside Ángeles Carmona, ha propuesto hoy 13 medidas para mejorar la protección de las víctimas de maltrato tras analizar los casos de las 14 mujeres que han sido asesinadas este año pese a que habían presentado denuncia contra su agresor. Esta cifra casi supera ya el número total de asesinatos registrados en 2013, cuando se contabilizaron 11 crímenes en esas mismas circunstancias.

El informe, elaborado a partir de los datos de que dispone el propio CGPJ y de los aportados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, analiza las actuaciones policiales y judiciales realizadas desde que estas 14 mujeres denunciaron su situación hasta que fueron asesinadas. En ocho de los casos, la víctima reanudó la convivencia con el agresor tras presentar la denuncia e incluso después de que éste fuera condenado, por lo que la primera medida que propone el Observatorio es que se incida en la información que se da a las mujeres sobre el peligro que corren si vuelven con sus agresores y sobre las pruebas que debe aportar para que el juzgado evalúe adecuadamente su situación. En este sentido, los jueces consideran positiva la medida incluida en el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que las víctimas sean asesoradas incluso antes de poner la denuncia, pues muchos expendientes son archivados porque las denuncias no aportan detalles suficientes.

En la mayoría de los 14 casos analizados, la víctima se acogió a su derecho a no declarar contra el agresor. El Observatorio recuerda que, dado que este tipo de delitos se cometen habitualmente en la intimidad del domicilio, la declaración de la víctima adquiere especial relevancia. Por ello, propone que ésta sea grabada durante la fase de investigación –con intervención de expertos y presencia de todas las partes- y que pueda utilizarse para evitar una nueva declaración en el acto del juicio oral.

La mayoría de las víctimas tenían una valoración policial del riesgo entre “medio” y “no apreciado”, niveles que no obligan a imponer vigilancia permanente. Dado que la valoración fue incorrecta, el Observatorio propone una revisión urgente de los formularios que utiliza la policía para realizar estas valoraciones e incluso sugiere que, aunque el diagnóstico sea “no apreciado” o “bajo”, se adopten medidas de control. Según informe del Ministerio del Interior, en los últimos años las valoraciones de riesgo con diagnóstico alto han caído un 31%, mientras aumentaban las de riesgo medio.

El Observatorio propone también mejorar la formación de los jueces y la coordinación de todos los agentes que intervienen en un caso de violencia de género. Reclama, por ejemplo, que todas las denuncias se introduzcan en el sistema de seguimiento policial VIOGEN, y no solo las que recoge la policía. Pide también que se integre a las policías locales en este sistema, pues en ocasiones se les encomienda el control de las penas de localización permanente, y que toda esta información pueda ser cruzada en tiempo con la que gestionan tanto las comunidades autónomas como las cárceles, de forma que la víctima pueda saber en todo momento dónde está su agresor.

En uno de los casos analizados, el parte de lesiones extendido por un centro de salud al que acudió la mujer 10 días antes de su muerte llegó por correo ordinario al juzgado 24 horas después del crimen. El Observatorio propone que estos partes sean remitidos por vía urgente a los órganos judiciales y también a la Policía, la Guardia Civil o la Policía autonómica competente.

El artículo 80 del Código Penal permite la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años si se trata del primer delito, y establece que no se tendrán en cuenta condenas anteriores por delitos imprudentes o leves. El Observatorio propone que en los casos de delitos cometidos sobre la mujer por su pareja o expareja la existencia de condenas anteriores por delitos leves sí se valore para no aplicar la suspensión de la pena privativa de libertad.

A propósito de la muerte de tres niñas en Zamora y Asturias en las últimas semanas, el Observatorio recuerda que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia contempla por primera vez la consideración de los menores como víctimas directas de la violencia de género, lo que propiciará la asunción por parte de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de competencias directas sobre éstos. El Observatorio también celebra las reformas legislativas que permitirán que el juez tenga que pronunciarse de oficio sobre medidas cautelares penales y civiles en los casos en los que haya menores, y considera conveniente y necesario que en los casos de delitos graves, como homicidios o asesinatos, el agresor sea privado de la patria potestad imperativamente como pena principal y no solo accesoria como ocurre en la actualidad.

Se propone también estudiar la conveniencia de eliminar las circunstancias atenuantes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia de género, tras constatar que la reacción de confesar el crimen en estos supuestos obedece más a un componente de jactancia o de reafirmación que al arrepentimiento.

El Observatorio, por último, recomienda la urgente tramitación parlamentaria de los anteproyectos y proyectos de ley que afectan a la violencia de género: el estatuto jurídico de la víctima del delito, la ley de protección a la infancia, la ley de asistencia jurídica gratuita y el proyecto de Código Penal. Este último introduce nuevas figuras delictivas y una nueva medida de libertad vigilada en el ámbito de la violencia de género que se valora muy positivamente.