Familiares de víctimas del amianto reclaman 200.000 euros a Uralita

Los herederos de cuatro mujeres que murieron supuestamente al inhalar el amianto adherido a los monos de trabajo de sus maridos reclaman una indemnización de 200.000 euros a Uralita, en cuya fábrica de Getafe (Madrid) trabajaban en los sesenta. El juicio, visto para sentencia, se celebró ayer en los Juzgados de Primera Instancia de la capital. Los demandantes sostienen que las fallecidas aspiraron las fibras de amianto al lavar a mano los uniformes de sus maridos, de los que la empresa no se encargaba por no considerarlos tóxicos.

Pilar López era una de esas amas de casa. En enero de 2011 le detectaron un mesotelioma, un tumor raro vinculado con la inhalación de este mineral. “La exposición repetida al amianto es suficiente para contraer la enfermedad. No hay ninguna duda de que existe una relación causa efecto”, declaró la perito Paloma Fuentes, especialista en medicina de trabajo. Pilar falleció a los cuatro meses. Su marido lo hizo 25 años antes por el mismo mal.

Según los testimonios de antiguos trabajadores, sus responsables nunca les advirtieron de que el producto era nocivo, ni tampoco se les facilitó mascarillas de protección. "No había sistema de aspiración, nos quitábamos el amianto sacudiendo el mono. Cuando se caía al suelo, lo barríamos con un cepillo de brezo", relató uno de ellos. La multinacional se escuda en que la normativa de seguridad para este material no entró en vigor hasta 1982. A partir de ese momento, se determina que el lavado de los uniformes debe realizarse en la fábrica.

Esta no es la primera vez que la empresa y la justicia se ven las caras. La última fue el pasado abril, cuando el Tribunal Supremo desestimó el recurso de Uralita contra la sentencia que la obligaba a indemnizar con 1,5 millones de euros a 19 trabajadores de Getafe y sus herederos. No existe, sin embargo, una condena firme a nivel nacional que ampare a sus esposas. El uso del amianto, declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud, está prohibido en España desde 2001.