La juez abrirá juicio por malversación en el caso del espionaje político

La juez Carmen Valcarce ha rechazado archivar la causa abierta contra dos policías nacionales, tres guardias civiles y un empleado de la Comunidad de Madrid por el caso del supuesto espionaje político a adversarios de Esperanza Aguirre pagado con dinero público. La juez resuelve continuar el procedimiento contra los seis imputados por un delito de malversación que será juzgado por un Tribunal del Jurado. Al menos tres guardias civiles, fichados como asesores de Seguridad por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el caso Púnica, siguieron entre abril y mayo de 2008 en sus actividades privadas y públicas a Alfredo Prada, consejero de Justicia, y a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, según las pruebas aportadas por la policía.

El resultado de esos seguimientos quedó reflejado en unos partes mecanografiados donde los supuestos espías apuntaban las personas con las que se veían los espiados. A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares.

La etapa de los seguimientos coincide con la batalla política por el poder dentro del PP tras la primera derrota electoral de Mariano Rajoy, el 14 de marzo de 2004. Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido. La presidenta sacó de su Gobierno a Alfredo Prada unos meses después.

A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares

El jefe de los tres guardias civiles era el policía Sergio Gamón, entonces casado con la secretaria de Aguirre y fichado por la presidenta como director general de Seguridad Ciudadana.

Cinco años después de abrir la causa, la juez resuelve “continuar el procedimiento por los trámites adecuados y que en el presente [caso] es el Tribunal del Jurado dado el delito de malversación imputado”. En el auto, la juez recuerda que la Audiencia Provincial denegó en dos ocasiones el archivo del procedimiento que ella misma había decretado y ordenó continuar con las diligencias.

“Siempre a título indiciario”, señaló la Audiencia, “se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública. Dichos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad (...). Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene sólo un contenido económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”. La juez no ha imputado al jefe político de los supuestos espías, Francisco Granados, citado como testigo hace cuatro meses. “Ni ordené ni amparé los seguimientos”, declaró.

Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido

Granados está encarcelado desde hace 25 días por decisión del juez Eloy Velasco, que le imputa graves delitos de corrupción durante su etapa de consejero autonómico. Granados recibió un chivatazo sobre la investigación que la Guardia Civil estaba llevando a cabo en la Operación Púnica por parte del agente José Luis Caro Vinagre, imputado en el caso del espionaje político. Otro de los imputados, el guardia civil José Oreja, explicó que cuando les ordenaron los seguimientos le pareció “una locura, por las personalidades de las que se trataba, autoridades legalmente constituidas o designadas, y porque para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.

Oreja relató a la juez que se dirigió junto a los otros dos guardias civiles al entonces consejero Granados para expresarle su repulsa a realizar los seguimientos. Reiteró las quejas, según su versión, en tres ocasiones, “sin que se tomaran medidas al respecto”. “La actitud de Granados nos demostró lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director de Seguridad, quien a su vez ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Los partes de los seguimientos “se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas, 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño [subdirector general de Seguridad Ciudadanal, también imputado]”. La juez no ha imputado ni a Granados ni a González.