El Gobierno está dispuesto a permitir el 9-N si la Generalitat no participa

A dos días de la consulta independentista prevista en Cataluña para el domingo, rebautizada por la Generalitat como “proceso participativo”, Mariano Rajoy y Artur Mas se observan mutuamente para decidir qué hacer finalmente el 9-N en función de los movimientos del contrario. El Gobierno sugirió este jueves, por boca del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que permitirá celebrar la consulta si esta no es “promovida” en su “desarrollo” por la Generalitat; si solo es un ejercicio ciudadano de “libertad de expresión”. Es decir, si en el último momento el 9-N queda en manos de asociaciones privadas soberanistas, sin intervención de organismos públicos. Y ello aunque la consulta, la pregunta, las papeletas y las urnas sean las mismas que impulsó la Generalitat.

Una fórmula —la de desvincular el proceso de la institución pública a última hora— que, según fuentes del Ejecutivo, podría evitar el choque total entre las dos Administraciones; y que la Generalitat, que ha citado hoy a las entidades del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir para definir la recta final de la consulta, también contempla desde hace días. Sin embargo, no está nada claro que esa sea la fórmula por la que opte la Generalitat, porque es rechazada por buena parte de los partidos y grupos soberanistas, que exigen que la participación del Gobierno catalán se mantenga hasta el final. Además, aunque el ministro de Justicia se mostró este jueves más explícito de lo habitual, el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva. El Ejecutivo, en cualquier caso, cree que lo más importante fue lograr que Mas renunciase a la consulta inicial, y opina que lo que suceda el domingo no tendrá valor jurídico ni simbólico.

“Si la Generalitat, que es a quien se ha dirigido el Tribunal Constitucional [ordenándole que suspenda la consulta], no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, si eso no sucede, no parece que sea necesario requerir ni al Constitucional ni a [otros] jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico”, afirmó el ministro Catalá en conferencia de prensa, tras una reunión sectorial con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas a la que no acudió el titular catalán.

Está en el aire si el domingo de la votación, la Generalitat optará por ceder el testigo a las asociaciones soberanistas

El ministro subrayó que eso es precisamente lo que está “analizando” ahora el Gobierno: “Qué actuaciones se desarrollan” y “quién las desarrolla”. Para “comprobar”, dijo, que la suspensión dictada por el Constitucional se respeta y que las “actuaciones” relacionadas con la consulta no son “ejecutadas” por ninguna institución pública. Apuntó, además, que si la Fiscalía o la Abogacía del Estado aprecian algún incumplimiento ejercerán “las acciones que correspondan”, y que cualquier ciudadano particular podría denunciarlo también.

Catalá no mencionó específicamente la posibilidad de que en el último momento sean las asociaciones privadas soberanistas las que tomen el testigo de la Generalitat. Pero cuando fue preguntado por si el Gobierno intervendría para evitar una consulta celebrada en la calle, no en colegios y locales públicos, y no con la participación visible ese día de la Generalitat, respondió: “En una sociedad democrática como es la española, en el marco de la Constitución, cada día en muchos ámbitos se producen movimientos populares de recogida de firmas, de toma de opiniones... Lo que estamos desde hace meses poniendo de manifiesto es que un Gobierno o un Parlamento no pueden promover una consulta contraria a la Constitución. El ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos... eso nadie va a impedirlo”. “Puede parecer un matiz, pero es muy importante”, añadió.

La consulta independentista del 9-N ha sido promovida desde el primer día por el Gobierno de Artur Mas. Las papeletas y las urnas las ha pagado la Generalitat, así como la campaña “informativa”, que aún sigue en marcha, a pesar de que forma parte de las “actuaciones vinculadas” a la consulta que el Constitucional ordenó suspender. Algunos elementos del proceso previstos inicialmente —sobre todo, el censo y la comisión de control que iba a ejercer de Junta Electoral— no llegaron a crearse, y la Generalitat cambió el nombre de “consulta” por el de “proceso participativo” cuando el Constitucional la prohibió por primera vez. Lo que está en el aire ahora es si en el último momento, el mismo domingo de la votación, la Generalitat cederá el testigo a asociaciones soberanistas y no abrirá, por ejemplo, los colegios e institutos públicos para acoger las urnas.

Catalá sí señaló que cualquier ciudadano particular, o la Fiscalía, de oficio, pueden presentar una denuncia si consideran que el 9-N se produce alguna actuación que vulnere la suspensión dictada por el alto tribunal. No aclaró en qué casos lo hará la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

La Generalitat rebautizó la consulta del 9-N como "proceso participativo" cuando el Constitucional la suspendió por primera vez

La delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, remitió este jueves sendas cartas a la vicepresidenta catalana, Joana Ortega, y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, en las que subraya que el “proceso participativo” del 9-N ha sido también suspendido por el Constitucional. La misiva recuerda a ambas que, en su calidad de autoridades públicas, deben ajustarse al ordenamiento jurídico, informa Àngels Piñol. Las mismas cartas fueron remitidas a los presidentes de las cuatro Diputaciones, a los de los 41 Consejos comarcales y a los más de 900 alcaldes catalanes. La Generalitat reaccionó con un escueto comunicado en el que dio acuse de recibo y recordó su compromiso con el “principio de legalidad”.

Oriol Junqueras, líder de ERC, quien intervino en un acto en la Universidad de Barcelona, se mostró tajante: “Negociar la independencia es inviable”. Por su parte, la entidad Societat Civil Catalana, contraria a la consulta, presentó una denuncia ante la Fiscalía por las cartas que ha enviado la Generalitat a millones de ciudadanos explicando cómo participar en el 9-N. La entidad cree que se están usando de forma ilegal esos datos personales, obtenidos del Registro de Población, del que es titular el Instituto de Estadística de Catalunya. Societat Civil Catalana sostiene que, según la Ley de Protección de Datos, esa información solo puede ser usada con fines estadísticos. La Generalitat envió las cartas a través de una empresa privada.