Cinco años para resolver el litigio de una enferma de cáncer

En la historia de Anunciación Albalá el protagonista es el tiempo. Es tan protagonista que Anunciación ya sabe dónde tiene que estar a las 11.50 del 19 de septiembre de 2017: en la sala de vistas del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Madrid. Ese día hará tres años, dos meses y seis días que Albalá presentó una demanda para exigir a la Comunidad de Madrid una indemnización por el supuesto retraso en la detección de un cáncer de mama. Lo que iba a ser un recurso ante la justicia por los perjuicios que pudo ocasionarle el diagnóstico tardío se ha convertido en sí mismo en otro ejemplo de los atascos y las deficiencias de los servicios públicos en tiempos de recortes.

La rocambolesca historia de Albalá empezó el 20 de junio de 2012. Ese día, la mujer, que entonces tenía 62 años, tenía cita para hacerse una mamografía en el Instituto Radiológico Doctor Castillo, un centro privado al que le había remitido la Consejería de Sanidad de Madrid dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Albalá salió de la clínica con una carta en la que le comunicaban que en el plazo de 15 días recibiría en su casa un informe con los resultados. “Si vemos algo raro, te avisamos”, asegura que le dijeron.

Albalá se fue de vacaciones sin noticias y, a la vuelta, dos meses después de la mamografía, acudió a su centro de salud, donde le dijeron que no habían recibido los resultados. A partir de ahí, todo se precipita: la mujer llama a la clínica, donde le comunican que habían detectado una anomalía y debían practicarle una ecografía. Le dieron cita para el día siguiente y esta prueba y una biopsia posterior confirmaron el diagnóstico: carcinoma invasor mamario con metástasis en el primer ganglio centinela.

El médico judicial tiene “excesiva carga de trabajo” para evaluar a la mujer

El tratamiento fue “muy duro”, recuerda Albalá, que, en enero de 2013, una vez superada la quimioterapia, presentó una demanda administrativa por responsabilidad patrimonial contra la Comunidad de Madrid. Sanidad la rechazó apoyándose en las alegaciones de la clínica. El centro, en conversación con este periódico, asegura que llamó a Albalá, pero no dio con ella. “Eso es lo que más me duele, que digan que me avisan y, además de no avisarme, digan que me despreocupé”, lamenta la mujer.

Para que la juez escuche las dos versiones habrá que esperar tres años si se cumple el calendario previsto en el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo 1 de Madrid, que ha señalado la vista para septiembre de 2017. Aunque este juzgado no es uno de los de mayor carga de trabajo de España, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, sí que tiene una alta pendencia y, como otros juzgados de lo contencioso de Madrid, está señalando los juicios a tres años vista, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

El abogado de Albalá, Alejandro López-Royo, ha recurrido la demora de tres años en la celebración del juicio, pero también la última providencia dictada por la magistrada, Matilde Aparicio, que revela otro atasco en los juzgados: el de la clínica forense. El abogado pidió en su demanda que un médico adscrito al juzgado explore a su cliente y dictamine sobre las consecuencias del supuesto diagnóstico tardío. La juez no admite “de momento” la solicitud porque la clínica forense tiene “excesiva carga de trabajo” y “demora varios años” la emisión de informes a los juzgados de lo contencioso administrativo.

“Esta parte puede entender que la clínica médico forense tenga una excesiva carga de trabajo”, admite el abogado en su recurso, “pero eso no es óbice para que se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva”. El letrado se queja de que “se esté cargando” sobre su cliente el problema de saturación de los médicos forenses. “¿Si han señalado la vista para dentro de tres años, no tienen tiempo antes de que el forense reconozca a mi clienta y emita un informe?”, se pregunta el abogado.