La Moncloa recuerda al ‘president’ que está obligado a acatar la decisión
La vicepresidenta del Gobierno pide a Mas que respete la decisión del Constitucional
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió este martes al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que respete la suspensión del 9-N por el Tribunal Constitucional y le recordó su obligación de cumplir la resolución: “La ley nos obliga a todos y ningún gobernante puede decidir lo que cumple o deja de cumplir”, aseguró.
“La ley es igual para todos”, insistió la vicepresidenta en unas declaraciones realizadas durante el acto de la entrega de medallas de oro al Mérito en el Trabajo al ser preguntada por la decisión del Constitucional de suspender la consulta del 9 de noviembre y por la de la Generalitat de mantener el proceso según lo previsto.
Sáenz de Santamaría planteó que es al Tribunal Constitucional a quien corresponde garantizar los derechos de los ciudadanos y decidir lo que es legal y lo que no, de modo que, una vez que se ha pronunciado, “a todos nos corresponde respetar sus decisiones y respetar la ley”.
“Todos los españoles, muy especialmente los gobernantes, estamos obligados a cumplir con las decisiones de los tribunales en todos los ámbitos y en éste también”, remató la vicepresidenta, quien insistió en pedir a Mas respeto a la decisión.
Reforma
El Gobierno está convencido de que Mas acatará de nuevo la decisión del Constitucional y no se atreverá a retar la legalidad. Pero el Ejecutivo no quiere “adelantar acontecimientos” y explicar qué va a hacer si se mantiene la consulta alternativa, aunque sea organizada por colectivos ajenos a la Generalitat. El Gobierno trabaja de momento como si el 9-N no fuera a suceder nada y no tiene prevista ninguna comparecencia.
Unas horas antes de que hablara la vicepresidenta, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no quiso decir una palabra sobre la decisión del Constitucional y la reacción de Mas. Sin embargo sí hizo en Alicante, frente a los representantes de la Empresa Familiar, una larga reflexión sobre las posibilidades de hacer una reforma constitucional para resolver los conflictos territoriales.
El presidente cree que “PP y PSOE podrían ponerse de acuerdo”, pero los nacionalistas pedirían el derecho de autodeterminación “que no está en ninguna Constitución escrita salvo la yugoslava, la soviética y la de Etiopía”, por lo que se pasaría de una Carta Magna, la de 1978, apoyada por PP (AP), PSOE, CiU e IU (PCE) a una solo aprobada por los dos grandes partidos.
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