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Monago insta a Rajoy a aprobar una ley específica antisoborno

El barón popular promueve una norma para expulsar de forma preventiva a los acusados

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, insta a Mariano Rajoy a presentar en el Congreso un proyecto de ley específica antisoborno para regular la "expulsión inmediata" de los acusados de soborno de partidos políticos, patronal y sindicatos. Así lo recoge un pronunciamiento presentado ante el Parlamento extremeño en el que se fijan los objetivos de esta norma, considerada necesaria para ampliar la figura del cohecho, ya recogida en la legislación. Monago pide una ley "que condene tanto al que lo acepta como al que lo ofrece, en la que lo importante sea cercar a los corruptos, estén donde estén y tengan el color que tengan". "Para ello no basta con actuar a posteriori, hay que evitarlo antes", defiende el texto. El propósito político es atajar casos de corrupción como el investigado en el marco de la Operación Púnica, que afecta sobre todo al Partido Popular y, en menor medida, al PSOE.

El proyecto defiende la expulsión preventiva de todos los acusados, aunque "en el caso de que la justicia resuelva favorablemente se les restablecerá su situación en los ámbitos de los que haya sido apartado". El pronunciamiento exige, además, a "todas las instituciones públicas, partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones fundaciones, entes, organismos, sector público y sector privado a definir e implementar internamente un plan antisoborno que obligue a todas las personas de su organización y sea aprobado por el máximo órgano de gobierno de la misma".

"El soborno declarado por sentencia firme", prosigue el texto, "conllevará la anulación de los contratos o subvenciones públicas en la parte afectada por el delito". La propuesta contempla, además, que todas las instituciones afectadas asuman la responsabilidad del delito "si se demuestra que no han llevado a cabo los controles y mecanismos adecuados para evitar el soborno". Esta norma, inspirada en la legislación británica, fija penas de hasta 10 años de cárcel para los condenados por soborno, amplía el plazo de prescripción y considera que "la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones debe tipificarse como un soborno y debe incluirse en el Código penal".

Esta ley, ha señalado hoy la vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, "sería compatible con la Ley de Transparencia actual y con muchas de las medidas que sabemos está preparando el Gobierno de España e iniciativas de otros partidos políticos que son todas positivas". No obstante, el partido de Monago cree que "hay que dar un paso más allá de la transparencia y de las medidas de regeneración política que venimos hablando".