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La resolución sobre la imputación de la Infanta se demora

El Tribunal Superior aún no ha resuelto la recusación de dos jueces

La infanta Cristina, en febrero, a su llegada a los juzgados de Palma.
La infanta Cristina, en febrero, a su llegada a los juzgados de Palma.uly martín

Un incidente en el proceso final del caso Nóos, motivado por la recusación formulada por el pseudo sindicato ultra Manos Limpias contra dos de los tres magistrados de la Audiencia de Palma de Mallorca, dilata más allá de previsto la respuesta a la cuestión pendiente: si la infanta Cristina se sentará en el banquillo de los acusados. El trámite de la causa está suspendido, desde hace cuatro semanas, mientras se valora la cuestión abierta.

Sin esta interrupción provocada antes del pasado día 23 de octubre la Audiencia habría dado a conocer su respuesta a cada uno de los trece recursos formulados y se hubiera conocido ya si la hermana del rey Felipe VI sigue imputada o queda exonerada. El juez del caso, José Castro, mantiene en su auto de cierre de la instrucción que sobre Cristina de Borbón pesan presuntas responsabilidades penales de fraude fiscal y blanqueo de capitales; lo contrario sostienen el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía del Estado, que con la defensa siempre han visto siempre libre de sospechas a la Infanta.

La maniobra de recusación de Manos Limpias, acusación popular que persigue como motivo central de su personación llevar a juicio a la esposa de Iñaki Urdangarin, ha logrado apartar momentáneamente del caso a la sala de la Audiencia. Mientras se determina sobre imparcialidad, los jueces están sin competencia formal, no pueden avanzar en el análisis de los recursos ni debatir para fijar una posición común ante cada uno de los recursos. Este receso provoca una cierta incomodidad entre los afectados, bloqueados y sometidos a escrutinio, según fuentes de los tribunales.

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No hay una nueva fecha para publicar la decisión técnica sobre la recusación, un asunto incidental que está en debate en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El caso está bajo la lupa de los presidentes de las salas del Tribunal Superior más representantes de los jueces más jóvenes y los veteranos de cada sección. Con las dudas y precauciones abiertas con afán de pulcritud procesal la sala coral opera sin un plazo determinado —o no conocido— para cerrar el tema.

Rige el hermetismo sobre el trabajo de esta sala especial, que está en un plano de la documentación y debate previo. En sus cautelas han exigido al juez José Castro la remisión de fotocopias de primera generación de los autos y resoluciones a examinar. Inicialmente una magistrado de la Audiencia acumuló la documentación base y las respuestas contra su recusación de los dos jueces aludidos. Posteriormente se exigió a Manos Limpias que designase en un plazo un procurador para la causa en un plazo de diez días.

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Si la sala especial constituida exprofeso hallase motivos para apartar del caso a dos de los tres jueces —el ponente y presidente de la sala Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna— se dilataría más aún la causa. Debería formarse una nueva sala en la Audiencia de Palma para entender el caso de la Infanta y de los trece recursos formulados. Gómez-Reino, magistrado experto en cuestiones de fraude y blanqueo de capitales, lleva varios meses analizando técnicamente el asunto concreto de la hermana del Rey.

En la Audiencia de Palma el caso Nóos, también llamado caso Urdangarin, ha sido analizado desde su origen por la sala formada por Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna y el tercer juez (no recusado por Manos Limpias) Juan Jiménez. Los dos primeros magistrados rechazaron la anterior imputación de la Infanta aunque marcaron una vía para una nueva imputación al indicar sospechas sobre blanqueo de capitales mientras que Jiménez firmó un voto particular a favor de encausamiento.

El fiscal Pedro Horrach al refutar la recusación atribuye a Manos Limpias “insinuaciones de actuación prevaricadora contra los dos jueces, creadas y ventiladas por el propio sindicato”. Horrach observa “un manifiesto abuso de derecho y fraude legal y procesal”, un uso "fraudulento" de la recusación para conseguir "finalidades espurias".

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