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Una trama urdida para el lucro personal con redes en cuatro regiones

La Operación Púnica implica a 51personas, entre políticos, funcionarios y empresarios

Agentes de la Guardia Civil salen del registro del Ayuntamiento de Villalba.
Agentes de la Guardia Civil salen del registro del Ayuntamiento de Villalba.

Medio centenar de detenidos, Administraciones de cuatro regiones implicadas y al menos 250 millones de euros de dinero público adjudicados irregularmente. La Operación Púnica ha irrumpido este lunes como una nueva macrooperación contra la corrupción en España. Estas son sus claves:

 - ¿Qué investiga la operación?

La Operación Púnica se dirige contra una trama de corrupción organizada que operaba en varios niveles de la Administración —Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas— principalmente en las regiones de Madrid, Murcia, León y Valencia. Empresarios de sociedades constructoras, de obras y de servicios energéticos lograban irregularmente adjudicaciones de contratos y servicios públicos mediante sobornos a concejales y funcionarios, quienes utilizaban las comisiones recibidas para su lucro personal. Los empresarios se valían también de intermediarios y operaban con sociedades instrumentales. Mediante esta fórmula fraudulenta han logrado, solo en los dos últimos años, contratos públicos por valor de 250 millones de euros.

- ¿Cómo funcionaba la trama?

Una vez logrados los contratos públicos de forma fraudulenta mediante sobornos y comisiones ilegales, la organización blanqueaba los beneficios a través de un complejo entramado societario. Todas esas empresas les servían también para conseguir los servicios y contratos, vulnerando el principio de libre concurrencia en las licitaciones públicas, según el cual los procesos de contratación deben incluir regulaciones que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. Los implicados en la trama modificaban los pliegos de contratos con los políticos y con los técnicos municipales.

- ¿Es un caso de financiación irregular de partidos políticos?

Fuentes jurídicas aseguran que no hay financiación irregular, sino que los cargos públicos utilizaban el dinero de las comisiones para su “lucro personal”. Las mismas fuentes añaden que algunos de los responsables públicos se encontraban al final de su vida política, y aprovechaban precisamente esa circunstancia para corromperse.

- ¿Cuántas personas hay implicadas?

Hay 51 detenidos, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, entre políticos, empresarios y funcionarios. Los políticos pertenecen a varios partidos, al PP, al PSOE y a formaciones independientes. Entre ellos se encuentra quien fue el hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), Francisco Granados, seis alcaldes en ejercicio de Madrid y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, también del PP.

De los seis alcaldes en ejercicio cuatro pertenecen al PP – son los de las localidades madrileñas de Valdemoro (José Carlos Boza), Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas), Casarrubuelos (David Rodríguez Sanz) y Collado Villalba (Agustín Juárez)- ; uno al PSOE –el alcalde de la localidad madrileña de Parla (José María Fraile)-; y uno es de un partido independiente (de Unión Democrática Madrileña, UDMA), del municipio de Serranillos de Valle (Antonio Sánchez Fernández). Entre los implicados hay también un exalcalde, el del municipio de Cartagena (Murcia) entre 1991 y 1995, José Antonio Alonso Conesa, del PSOE. Otros cargos investigados son el concejal de Hacienda de Valdemoro Javier Hernández, el cargo de confianza de la concejalía de Obras Públicas, Sostenibilidad y Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Parla, Avelino Pérez, y el secretario técnico del Instituto de Turismo de la región de Murcia, Jesús Norberto Galindo.

Entre los empresarios se investiga a David Marjaliza, dedicado principalmente a la actividad inmobiliaria y ligado a Francisco Granados, y a Alejandro de Pedro Llorca, relacionado con la consultoría de servicios y la informática.

- ¿Qué delitos se les imputan?

Los implicados han cometido presuntamente delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, revelación de secretos, negociación prohibida a funcionarios, fraude contra la Administración y organización criminal. La revelación de secretos aparece porque un agente de la Guardia Civil informó a Francisco Granados de que estaba siendo investigado.

- ¿Cuál es la conexión entre las cuatro Administraciones implicadas?

De momento se desconoce cuál es el nexo común entre las Administraciones de Madrid, Murcia, León y Valencia. Lo que sí se sabe es que los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca, los dos conseguidores, eran los ejes sobre los que pivotaba la red. Ambos, con destacados contactos entre las Administraciones locales y regionales —entre los que se encontraba Francisco Granados—, extendieron el entramado. Marjaliza lo hizo, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y desde Valdemoro, donde consolidó su carrera como constructor. De Pedro, en la costa mediterránea, donde desarrolló un negocio de consultoría de servicios, lo que le llevó a relacionarse con las Administraciones valenciana y murciana, según las primeras pesquisas.

- ¿Cuándo comienza la operación?

En enero de este año la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado inicia la investigación, que liderará los meses siguientes en coordinación con la Policía Judicial y el grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional incoa diligencias en el mes de junio, una vez recibe la “detallada querella”, en palabras de Anticorrupción, que presenta la Fiscalía, fruto del trabajo realizado junto a la UCO de la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado.

Cuatro meses después, este lunes 27 de octubre, se desarrollan las detenciones, los registros y los mandamientos (un total de 259 a Registros de la Propiedad para que anoten la prohibición de disponer o vender los inmuebles de los implicados, 400 a entidades bancarias y aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores o cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos, y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados).

- ¿Por qué se destapa la trama?

La trama se revela tras el hallazgo del destino final de parte del dinero que movieron los sospechosos. La recepción, en enero de este año, de una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo fue el origen de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Las autoridades helvéticas enviaron a España la información de dos personas con cuenta en Suiza (Francisco Granados y el conseguidor David Marjaliza), tras bloquear esos fondos dentro de una investigación en ese país por un delito de blanqueo de capitales agravado. Suiza avisó a España porque, según las leyes helvéticas, estaba obligada a tomar declaración a estos imputados y ante la posibilidad de que movieran el dinero.

- ¿Por qué se ha llamado "Púnica"?

La Guardia Civil ha bautizado esta macrooperación con el nombre de Operación Púnica por el Punica granatum, el nombre científico del granado, el árbol frutal que da la granada. Es decir, una referencia al pez más gordo de los detenidos como supuestos integrantes de la trama: el exconsejero de Madrid Francisco Granados.

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