Impunidad

Hasta ahora, los hechos conocidos sobre la forma de gestionar Caja Madrid (y posteriormente Bankia), destacan por la sensación de falta de profesionalidad y de rigor demostradas en las inversiones, sobre todo inmobiliarias. Esta entidad, junto con Bancaja, protagonizó una fusión que ha necesitado 22.424 millones de euros de ayudas públicas para su reflotamiento.

 El increíble nivel de vida que tenía Miguel Blesa, presidente de la caja madrileña, también levantó después ampollas. La causa judicial abierta para aclarar si hubo irregularidades con las preferentes y en la salida a Bolsa de Bankia destapó los sueldos de la cúpula directiva de Caja Madrid con Blesa y con su sucesor, Rodrigo Rato. En total, una quincena de directivos cobró 67,8 millones entre 2007 y 2010, en plena crisis financiera.

Estas enormes remuneraciones no impidieron que estos directivos y consejeros gastaran 15,5 millones entre 1999 y 2012 con tarjetas opacas sin justificar. Sin atropellar la presunción de inocencia y consciente de que no todos los consejeros actuaron igual, hay hechos difíciles de rebatir. La nueva dirección de Bankia, que ha descubierto y denunciado el escándalo, asegura que el segundo uso más habitual de estas tarjetas era la extracción de efectivo de los cajeros, (más de dos millones), así como los gastos en hipermercados, tiendas y ropa. Según los expertos fiscales, obtener metálico es la típica fórmula para evitar el rastro electrónico de los gastos, al margen de que pueda tener otras consecuencias fiscales o penales.

La entidad, que puede ser responsable de alterar la contabilidad, no declaraba los gastos, según el informe entregado a la Fiscalía. De hecho, las tarjetas estaban vinculadas a gastos de representación, pero también, que es más chusco, “a cuentas correspondientes a errores de servidor informático”.

La opacidad era total y por eso no se pedían justificantes, lo que supone una invitación al abuso. Los titulares de las tarjetas debían ser conscientes de que sus gastos particulares no eran declarados, con lo que ocultaban la retribución en especie, fijada por Hacienda desde 1992.

Este escándalo deja graves interrogantes. ¿Cómo es posible ocultar este sistema opaco durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie lo denunció? La duda es relevante porque en el consejo estaban sentados los grandes partidos y sindicatos. Solo se puede entender si existía una gran sensación de impunidad y si imperaba la idea de que, si todos cometían abusos, nadie lo iba a denunciar. Estas dádivas, contrarias a las normas básicas del gobierno corporativo, solo tienen una explicación: era una fórmula para lograr la obediencia de los consejeros.