Un registro contabiliza 319 casos de exclusión sanitaria en solo siete meses

La Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (Somamfyc) y el colectivo Yo Sí Sanidad Universal pusieron en marcha en diciembre de 2013 un registro para dejar constancia de los casos de exclusión sanitaria que estaba provocando la reforma del Gobierno que entró en vigor el 1 de septiembre de 2012 y que deja fuera a los extranjeros en situación irregular. Los primeros datos, presentados en Madrid esta mañana, recogen 319 casos en solo siete meses, la mitad de los cuales corresponden a problemas de acceso al sistema sanitario público incluso cuando el Real Decreto 16/2012 garantiza esa atención, es decir, en los servicios de urgencias, a menores y a mujeres embarazadas.

El primer informe REDES (Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria) viene a poner cifras a casos como los de Alpha Pam, el senegalés sin papeles que falleció en Mallorca sin haber recibido un diagnóstico claro ni un tratamiento, o el de Jeaneth Beltrán, que tardó días en acudir a urgencias y finalmente falleció en el hospital de Toledo. "La ruptura del proceso asistencial, las dificultades en el acceso a la medicación y el efecto disuasorio que ha provocado el Real Decreto Ley 16/2012 están afectando a la salud pública y a la salud individual de cientos de miles de personas", ha asegurado José Luis Quintana, vicepresidente de Somamfyc. 

El 1 de Septiembre de 2014 se cumplió el segundo aniversario de la entrada en vigor de una parte del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que supuso un cambio en el modelo sanitario, de forma que la universalidad fue sustituida por un sistema de aseguramiento que distingue entre los ciudadanos que tienen derecho a recibir atención de forma gratuita y los que la pierden salvo en algunos supuestos (urgencias, atención a niños y embarazadas). La norma se tramitó sin debate parlamentario aduciendo su urgencia. Varias comunidades autónomas discreparon públicamente de la norma y plantearon recursos de inconstitucionalidad que aún no se han resuelto.

En las 319 situaciones registradas se han detectado un total de 676 problemas, lo que supone que una misma persona se enfrenta a diversas dificultades cuando se trata del acceso al sistema sanitario, asegura el informe, que cita algunos ejemplos: existencia de Información disuasoria (como los carteles en los centros sanitarios que dicen que solo se atiende a quien porte la tarjeta sanitaria), la negación de la tarjeta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dificultad para ser dado de alta en el sistema informático, negativa ante la solicitud de atención de urgencias, tramitación de facturación o compromiso de pago, etc. 

Las facturas por atención sanitaria se han convertido en algo habitual entre el colectivo de personas excluidas del sistema sanitario, asegura el informe. Se han registrado 49 tramitaciones de facturas o compromisos de pago. 24 de ellas, en urgencias, con menores o embarazadas, situaciones que "en ningún caso son facturables atendiendo a la normativa vigente", recuerda.